Aunque no se pronuncia sobre la competencia de la Audiencia Nacional, la presencia de aforados en la causa que se sigue contra la Mesa del Parlament abocaría a que esa única investigación quedara en manos del Tribunal Supremo.
La magistrada cree que toda la causa debe ser investigada en un único tribunal "porque se está investigando a los miembros de una compleja organización donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario".
Lamela entiende que los delitos investigados son conexos y si se escindiera la causa "dificultaría enormemente la investigación conjunta de los hechos y la determinación clara de responsabilidades de los investigados".
"La investigación conjunta de los hechos y de su partícipes es la única manera de comprender en su integridad toda la trama y de dilucidar las responsabilidades individuales susceptibles de reproche penal que confluyeron de forma coordinada en el resultado que condujo a la declaración final de independencia", concluye la jueza.
El informe fue solicitado por el magistrado Pablo Llarena para resolver sobre la acumulación a la causa que éste instruye en el Tribunal Supremo contra seis exmiembros de la Mesa del Parlament de la que se sigue en la Audiencia Nacional contra los exmiembros del Govern y los responsables de ANC y Òmnium.
A lo largo de 35 folios, la jueza desgrana todos los pasos dados en la investigación, desde la declaración de Jordi Sànchez (ANC), Jordi Cuixart (Òmnium) y el mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, hasta la encarcelación de ocho miembros del Gobierno catalán.
Explica cómo se sustancia ese reparto de tareas entre los investigados. A los `jordis´ los sitúa como ideólogos del proceso que contaron con la colaboración de la policía autonómica, en especial durante la jornada del 1 de octubre, en la que se celebró el referéndum ilegalizado por el Tribunal Constitucional.
Sobre ellos dice que se ocuparon de "movilizar" a los ciudadanos para crear "un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado" y "justificar" así "la desobediencia" a las leyes estatales y "respaldar la consecución de los fines secesionistas".
Insiste también en "la actuación de determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya (CTTI) y de las personas vinculadas al llamado Diplocat". La magistrada avisa, por tanto, de que "hay otro conjunto de personas que han colaborado" y el grado de esa colaboración o su misma pertenencia a la organización "debe ser objeto de investigación".
La Fiscalía, por su parte, se opone a que el Tribunal Supremo asuma la totalidad de la investigación sobre el delito de rebelión en el que podrían haber incurrido los organizadores del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña y los promotores de la declaración de independencia.
Hasta ahora el Supremo investiga a la Mesa del Paralament por permitir la tramitación de la declaración unilateral de independencia, mientras que los exmiembros del Gobierno catalán tienen una causa abierta en la Audiencia Nacional.
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