El Ejecutivo tiene treinta días para mostrar su conformidad con la proposición, en el caso de que ésta implique "aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios". Transcurridos ese mes sin que el Gobierno se haya opuesto expresamente a su tramitación, la proposición quedará en condiciones de elevarse al pleno.
El presidente de la Cámara baja, Jesús Posada, ha explicado que la iniciativa ha sido calificada "sin ningún problema" y que ahora pasará el trámite de informe del Gobierno.
Si se mantienen los plazos y no se retira ninguna de las proposiciones de otros parlamentos autonómicos pendientes de debate, la iniciativa del Parlamento de Cataluña podría debatirse en el pleno del Congreso en junio o septiembre.
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