Esta conclusión se desprende de un informe redactado por Desmond de Silva, antiguo fiscal jefe del Tribunal Especial para Sierra Leona; Geoffrey Nice, antiguo vicefiscal jefe en el juicio contra Slobodan Milosevic en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY); y David Crane, quien presentó cargos contra el expresidente liberiano Charles Taylor, quien cumple una condena de 50 años por crímenes de guerra y lesa humanidad.
Los expertos han publicado un informe de 31 páginas basado en la filtración de miles de fotografías por parte de un policía militar sirio que trabajó en secreto con un grupo opositor y que sacó del país las imágenes tras huir de Siria. Las fotografías fueron entregadas a la Coalición Nacional de Fuerzas Opositoras y de la Revolución Siria (CNFORS).
En base a las informaciones publicadas por el diario británico The Guardian, De Silva, Nice y Crane se reunieron con el desertor sirio, que ha sido identificado como Caesar, y han considerado que su relato es "creíble y veraz". Asimismo, han destacado que las pruebas que ha presentado son "las más completas" hasta la fecha sobre estos presuntos crímenes.
Caesar trabajaba como fotógrafo en la Policía Militar y ha indicado que su trabajo era "hacer fotografías a los detenidos asesinados", si bien no ha dicho haber presenciado los supuestos asesinatos. Pese a ello, ha aportado una descripción en detalle del sistema burocrático creado para encubrir dichos sucesos.
Propio del nazismo
"El procedimiento era que, una vez que los detenidos eran asesinados en los centros de detención, sus cuerpos eran trasladados a un militar hospital, a donde eran enviados junto a un médico y un miembro del sistema judicial. En total, se fotografiaron unos 50 cuerpos al día", recoge el informe.
Asimismo, el informe sostiene que "la razón detrás de las fotografías era permitir que se produjera un certificado de fallecimiento sin que las familias solicitaran ver el cuerpo y confirmar que las órdenes de ejecución habían sido llevadas a cabo". Posteriormente, las autoridades comunicaban a los familiares que la muerte se había debido a un paro cardiaco o a problemas respiratorios.
"El procedimiento de documentación era que cuando moría un detenido se le daba un número de referencia relacionado con la rama de los servicios de seguridad responsables de su detención y fallecimiento", agrega. "Cuando el cadáver era llevado al hospital militar se le daba otro número, para documentar falsamente que la muerte había tenido lugar en el hospital", apunta.
El documento está siendo facilitado a Naciones Unidas, diversos gobiernos y las ONG internacionales, y su publicación parece preparada para coincidir con la celebración de la cumbre sobre el conflicto de Ginebra II, que se iniciará este miércoles en la localidad suiza de Montreux.
Si (
No(
