Y es que, según ha precisado la consejera Serrano en el Pleno del Parlamento andaluz en respuesta a una pregunta del Grupo Socialista, habiendo analizado el anteproyecto la asesoría jurídica de la Consejería, existen 22 artículos y, al menos, dos disposiciones adicionales que podrían vulnerar las competencias autonómicas.
En el transcurso de su intervención, la consejera ha realizado un breve resumen histórico sobre la cuestión y ha afirmado que "esta norma lo único que introduce son dudas sobre su constitucionalidad e inseguridad jurídica".
La titular de Medio Ambiente ha manifestado al respecto que la posición de la Junta en todo el proceso de tramitación del proyecto de ley ha sido "coherente tanto con la conservación de los Parques Nacionales como con la defensa de las competencias de Andalucía".
Para Serrano, esta norma viene a "romper" el consenso alcanzado gracias a la vigente Ley 5/2007 que "supuso, por primera vez desde 1989, el establecimiento de un marco normativo básico, respetuoso con la doctrina constitucional".
También ha subrayado que la gestión de estos espacios protegidos viene desarrollándose desde entonces "con la más absoluta normalidad y desde la colaboración institucional".
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