La finalidad de esta reforma es unificar la ley actual española con el acuerdo firmado en 2012 entre España y Marruecos acerca de la readmisión de extranjeros ilegales que hubiesen cruzado de manera irregular las fronteras de nuestro país. Por un lado, la Ley de Extranjería actual contempla que cuando un inmigrante llega a territorio español, éste debe recibir asistencia jurídica gratuita así como un traductor, y también tener la posibilidad de pedir asilo político. Por otro, el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos no ofrece las mismas garantías, pero sí obliga a los inmigrantes ilegales a ser identificados en comisaría así como a pedir recibo de la entrega a Marruecos.
Dificultades para unificar ambos textos
El proceso no va a ser sencillo porque existen contradicciones entre la Ley de Extranjería y el Acuerdo, pero si se lograse, podría terminarse con el problema de la falta de claridad que existe actualmente a la hora de optar por uno u otro, ya que no hay un protocolo para actuar en estos casos. Pero la Ley de Extranjería también tiene sus deficiencias, ya que la figura jurídica de la devolución –es decir, cómo procedes cuando el inmigrante es interceptado, los derechos que éste tiene, etc.– sólo se tratan en el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Extranjería, en el propio desarrollo de la norma se trata de forma indirecta en el artículo 58, y éste es uno de los puntos más importantes, por lo que debería ser reforzado.
Los protocolos y procedimientos de actuación deberían estar mucho más claros, y no es algo que se perciba únicamente desde fuera y a posteriori, tras los trágicos acontecimientos, sino que hasta los agentes encargados de proteger las fronteras lo reconocen: «Salimos de la academia recibiendo formación en la Ley de Extranjería y se nos dice que apliquemos el Acuerdo con Marruecos. Las órdenes son deliberadamente ambiguas».
En Ceuta no se cumplió ni el uno ni el otro
Sin embargo, en el denominado ‘Caso Ceuta’, la avalancha acontecida a principios de febrero, no se cumplió con la normativa establecida, con ninguna de las dos posibles, porque 23 inmigrantes ilegales fueron devueltos a su territorio de inmediato sin pedirles la documentación y, por tanto, sin haberles ofrecido un abogado, y así lo reconoció al comparecer en el Congreso el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Y no es la primera vez que esto ocurre, pues en otras entradas irregulares en Melilla también la guardia fronteriza ha actuado devolviendo a los sin papeles de manera instantánea y sin registro previo. Los motivos expuestos ante el procedimiento al margen de la ley es que «es muy difícil identificar a los inmigrantes porque no vienen con pasaporte».
La actualización de la Ley es necesaria, pero veremos si la reforma “de urgencia” consigue resolver algún problema o es un parche del gobierno para acallar preocupaciones hoy y dar mucho que hablar mañana.
Si (
No(
