Sin embargo, el exalcalde de Madrid faltaba a la verdad con esas declaraciones, porque desde que el PP llegó al Ejecutivo son decenas los indultos que se han concedido a políticos o empresarios corruptos, del total de 700 perdones que se han producido en esta misma legislatura.
Uno de los casos más sonados se produjo hace exactamente dos años, en marzo de 2012, cuando el Gobierno indultaba al exsecretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya Josep Maria Servitje y al empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña.
Servitje, militante de Unió, había sido condenado a cuatro años y medio de prisión por desviar fondos de la Generalitat a través de la contratación de estudios inútiles, mientras que el empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña estaba pendiente de cumplir una pena de dos años y tres meses de cárcel por su implicación en los casos de malversación Treball y Turisme.
Precisamente, el diputado de IU Gaspar Llamazares ha ofrecido este jueves una rueda de prensa para hablar sobre las declaraciones realizadas por Gallardón, y ha afirmado que el Ejecutivo lleva ya 700 indultados desde que llegó al poder, de los cuales veinte "tienen que ver con corrupción".
Entre otros casos, el parlamentario ha recordado a los seis miembros del PP y de CiU condenados por corrupción política, otros tres que estaban acusados por facilitar permisos falsos a inmigrantes, los cuatro, también del PP, por prevaricación urbanística en Abdalajis (Málaga) o los dos de Uniò por fraude del IVA.
Al respecto también se ha manifestado la asociación progresista Jueces para la Democracia. Su portavoz, Joaquim Bosch, ha considerado que "resulta evidente que el ministro no está diciendo la verdad".
"Este Gobierno ha indultado a miembros de su propio partido en casos de prevaricación urbanística y a otros cargos condenados por delitos contra la administración pública. Estos indultos se han acordado sin ninguna explicación de las causas que los motivaban", ha asegurado.
Según él, también ha existido "absoluta opacidad" en los indultos a agentes que han torturado o a conductores kamikazes. Por eso considera que "con estas medidas de gracia se realiza un uso abusivo de la figura del indulto, se vulnera la división de poderes propia de un Estado de Derecho y se provoca el descrédito de las instituciones, pues se traslada a la ciudadanía la imagen de que la justicia no es igual para todos".
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