El director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha criticado que con este reglamento se demuestra que en España no existe seguridad jurídica y que el Gobierno busca los intereses económicos, ya que no ha recogido las recomendaciones que les apuntaron las organizaciones ecologistas y que, después ha efectuado el Defensor del Pueblo.
"Hecha la ley, el reglamento lo que hace es materializar la destrucción de la costa porque no hicieron caso de las enmiendas ni han tenido en cuenta ninguna observación. Esto da carta de naturaleza a la privatización del litoral, por hablar sin rodeos", manifestaba Rodríguez.
Por ello, cree que este reglamento convierte hace a España más vulnerable frente a la lucha contra el cambio climático, que provocará que los temporales serán cada vez más frecuentes.
Además, considera que "no tiene sentido" que se introduzca una cláusula 'antialgarrobico' mientras ahora serán las comunidades autónomas las que clasificarán las playas entre urbanas y naturales.
Por ello, ha insistido en que, en su opinión, esta ley "no sirve" para proteger el litoral. "Están concertando las playas, como la educación y la sanidad", ha criticado.
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