"Lo que ha sucedido estos días es un montaje surgido de las cloacas del Estado, asegura Rafael González, de la coordinación estatal de las Marchas. "No querían abrir los telediarios con las Marchas, y por eso crearon la violencia", asegura.
"Tres petardos de tres personas sin identificar fueron la excusa para cargar contra los manifestantes pacíficos", defiende, sin señalar directamente a los policías de paisano como los lanzadores de esos petardos, pero asegurando que "la cosa huele mal".
Y es que los organizadores de la protesta, que aseguran condenar "toda la violencia", insisten en lo "absurdo" que sería haber comenzado los enfrentamientos, teniendo en cuenta que ciudadanos pacíficos, jóvenes y mayores, estaban a apenas unos metros del epicentro de las trifulcas. "¿Vamos a meter a nuestras familias en la plaza para provocar altercados?", razona González.
Por su parte, Jesús Calpe, el abogado de Miguel M.S., que permanece en prisión preventiva, asegura que "se ha utilizado a los policías" para darles una imagen de víctimas frente a los "radicales violentos", ante la visita de un equipo de observadores internacionales de la OSCE, un equipo que pretendía evaluar si España respeta el derecho de manifestación, con el que los organizadores de las Marchas de la Dignidad se reunieron este lunes, y al que remitirán próximamente un informe con fotografías y vídeos.
En la rueda de prensa celebrada este viernes en Madrid, la comisión jurídica del 22-M ha recomendado a sus organizadores emprender acciones legales contra la Delegación del Gobierno y la Policía, aunque no han sabido precisar más sobre la naturaleza de estas acciones.
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