La madera procedente de la tala ilegal es "blanqueada" sistemáticamente para poder pasar los sistemas de control y ser exportada a todo el mundo, incluidos los países de la Unión Europea, Estados Unidos o Israel.
En su informe Amazonia, una crisis silenciosa, Greenpeace ha investigado toda la cadena que va desde la corta de los árboles en la selva hasta la exportación de la madera aserrada, y los documentos requeridos en cada fase de este proceso.
Se han identificado diferentes ilegalidades, como la sobreestimación del número de especies de alto valor económico en las concesiones forestales, la falsificación de todo tipo de documentación en la cadena de custodia, la solicitud de permisos de explotación forestal en áreas ya deforestadas, etc., todo con el fin de vender la madera de origen desconocido con documentos oficiales.
El caos y la corrupción en el sistema de control está estimulada por la demanda internacional de especies valiosas como el Ipé. Para suplir esta demanda de alto valor económico, los madereros tienen que explorar extensas zonas de selva tropical, degradando la selva y abriendo el camino a las actividades agroganaderas de los colonos. La demanda de Ipé está acelerando la deforestación en esta región.
El informe de Greenpeace ha expuesto, mediante varios casos de estudios, cómo el sistema de control de la madera no funciona debido a la corrupción y cómo la documentación oficial geolocalizada pone en evidencia que se está produciendo explotación forestal en áreas no autorizadas.
"No hay garantías de que la madera tropical amazónica que se vende en Europa o EE.UU. tenga orígenes legales. El sistema de control que se supone que debería evitar que la madera ilegal entre en el mercado falla estrepitosamente", ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace España.
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