El titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, reaccionó enseguida asegurando que su departamento se dedicaría a investigar la "incitación al odio" y las "injurias" en las redes sociales.
Pero su medida estrella, que en plena campaña electoral le podría haber venido bien al partido del Gobierno, se volvió en su contra cuando los electores dedujeron que eso se convertiría en un límite de la libertad de expresión. Es decir, en una censura.
Hoy ha sido la propia vicepresidenta del Ejecutivo quien ha frenado las ansias legislativas del ministro. "Ya hay mecanismos en la ley para poder reaccionar ante este tipo de conductas que son constitutivas de delito independientemente del medio que se utilice para cometerlos", sentenció Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Esos comportamientos ya son delito y ya están penados", insistió.
No obstante, la número dos del Gobierno se mostró dispuesta a "estudiar y valorar" si cabe reforzar el Código Penal, aprovechando que la reforma de dicha normativa se está tramitando ya en el Congreso. Explicó que, en todo caso, "si fuera pertinente", se modificaría la ley a través de enmiendas y apeló "al máximo consenso posible" entre los grupos parlamentarios en caso de que la propuesta de Fernández Díaz llegue a la Cámara Baja.
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