Ruiz-Gallardón también se ha comprometido a trasladar a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado la propuesta sindical de revisión normativa del artículo 315 del Código Penal, que establece penas de cárcel de hasta 3 años para quienes coaccionen a otras personas para iniciar o continuar una huelga.
La reunión con Ruiz-Gallardón se ha sumado al encuentro que mantuvieron los sindicatos el pasado viernes con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, a quien también han trasladado su inquietud por los sindicalistas procesados.
Y estas dos reuniones están dentro de la campaña que iniciaron las centrales sindicales para denunciar 81 causas contra casi 300 huelguistas que acumulan peticiones de hasta 120 años de cárcel. Reiteradamente, los sindicatos han asegurado que en ninguno de los procesados se habían observado conductas violentas.
El titular de Justicia comparecía poco después en rueda de prensa para precisar que su Departamento estudiará individualmente los tres casos -en cada uno hay dos condenados- pero también para dejar claro que la política de indultos no se puede aplicar con carácter general.
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