Así lo manifestó el portavoz de la Administración Autonómica, Martín Marrero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que hizo especial hincapié en que los dos textos cuentan con el respaldo jurídico "unánime" del Consejo Consultivo.
En concreto, se aprobó el decreto que regula la organización y funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana y el decreto que regula las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general del archipiélago.
De esta manera, Marrero señaló que estos documentos configuran el marco jurídico necesario para la convocatoria de consultas ciudadanas sobre asuntos competencia de la Comunidad Autónoma.
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