La nueva medida que pretende poner en marcha el G-20 en la reunión celebrada este fin de semana en Ciudad de México implicaría la fusión del Fondo Europeo para la Estabilidad Financiera (EFSF, en sus siglas en inglés) y del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (ESM), a lo que Alemania se opone por el momento. Con esto, el G-20 trata de inyectar un fondo de rescate en la eurozona que asciende a 1’5 billones de euros (2 billones de dólares) para que la economía global se pueda recuperar. Pero para que el G-20 pueda actuar exige a Europa que refuerce sus fondos de financiación y así poder invertir más dinero en el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, la oposición alemana al rescate deriva del miedo a que los países europeos se confíen y no lleven a cabo las medidas de austeridad y reformas económicas propuestas para salir de la aguda crisis en la que están inmersos. A todo ello, se suman también la mejora de la situación de los mercados financieros en las últimas semanas y las nuevas medidas del Gobierno alemán que se discutirán en la próxima cumbre de la Unión Europea por las que se pretende impulsar un cortafuegos. Sin embargo, fuentes oficiales ya han asegurado que Alemania está suavizando su oposición al incremento del fondo de recate europeo y que se están registrando progresos en las últimas reuniones celebradas. No obstante, algunas fuentes diplomáticas vinculan la suspicacia germana con una votación clave que se celebrará el lunes en el Parlamento alemán sobre el nuevo camino que va a adoptar Grecia.
Responsables de la eurozona aseguran que aún es pronto para alcanzar un acuerdo y que resultará improbable poder hacerlo en la reunión de los líderes europeos. "Lo que podemos esperar, como máximo, es una referencia en las conclusiones que indiquen que Alemania no están cerrando la puerta”.
En cualquier caso, si tras la cumbre europea de marzo se aprueba fundir el EFSF y el ESM para crear un fondo de financiación común, el G-20 ingresaría el dinero pedido por el FMI para abril, que alcanzaría los 1’5 billones de euros, a pesar de seguir ejerciendo presión sobre Europa para minar la crisis.