Al parlamentario asturiano no le convencen los argumentos del PP que dicen que lo único que se hace es trasladar sanciones del ámbito penal al ámbito administrativo. La raíz del problema, según Trevín, es quién decide las sanciones. Así, mientras que antes lo hacía un juez, ahora lo hará el delegado de gobierno de turno, imponiendo unas sanciones económicas muy elevadas.
"Es cierto que las faltas pasan al ámbito administrativo, pero el problema es que lo hacen de la misma manera que se encontraban en ese área todas las conductas que atentaban contra el régimen franquista, que sancionaban por pensar de forma diferente, por manifestarse, por reunirse o por expresarse de forma diferente", ha comentado.
En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, Trevín ha explicado que por todas estas razones el PSOE ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la norma.