El primero de estos requisitos es que el interventor general de la comunidad catalana debe enviar en el plazo de diez días hábiles desde la publicación del acuerdo, es decir, antes del próximo 3 de diciembre, un certificado en el que recoja toda la información económico-financiera relativa a los recursos comprometidos para los ejercicios 2015 y 2016 a fecha del pasado 31 de octubre.
Este certificado debe incluir todos los recursos comprometidos, ya sean créditos presupuestarios como compromisos asumidos con terceros.
Asimismo, el informe debe detallar tanto el estado de ejecución del presupuesto de la comunidad como el de las entidades integradas en las cuentas generales de la Generalitat que no estén incluidas en el sector público administrativo.
Además de este informe inicial, el interventor deberá remitir antes del día 15 de cada mes un informe sobre el importe de los créditos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas en presupuesto, gastos pendientes de pago registrados en cuentas no presupuestarias, otros gastos y total pagos efectuados.
Por otro lado, el acuerdo establece en sendos anexos los servicios públicos denominados fundamentales y aquellos que se consideran prioritarios. La Generalitat sólo podrá destinar la cuantía que perciba del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas en los importes asignados para déficit, distinto de interés, a los servicios designados como fundamentales; mientras que los recursos mensuales asignados a la comunidad en concepto de recursos del sistema de financiación sujetos a liquidación se podrán destinar tanto a los servicios fundamentales como a los prioritarios.
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