Con esta medida, el Gobierno lo que pretende es que "personas vulnerables" puedan pagar con ayudas del Estado el alquiler de viviendas "de titularidad privada" y cualquier alojamiento o dotación residencial "susceptible de ser ocupada".
Así se desprende de la citada orden publicada este sábado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) , en la que queda modificado el Real Decreto que aprobó por el anterior Ejecutivo para regular el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
Tal y como se desprende de su artículo cuatro, la orden establece ayudas de hasta 600 y 900 euros al mes , y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación del inmueble , para "personas vulnerables" que no dispongan de un inmueble en propiedad .
El párrafo de la controversia
El texto obliga a las comunidades autónomas, así como a las ciudades de Ceuta y Melilla, a poner a disposición de las personas beneficiarias "una vivienda de titularidad pública".
Hasta aquí todo normal, salvo por un apunte, que es el que ha suscitado polémica: "Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada , de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias , en los mismos regímenes" .
Esta compensación tendrá por objeto "facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables" .
"No habrá expropiaciones" Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana , dirigido por el socialista José Luis Ábalos , aseguran que no se trata de ningún tipo de "expropiación encubierta" "habilitar a la Administración para contactar con un propietario privado que esté dispuesto a ofrecer la vivienda y pagarle por ella el alquiler " .
Una vez se apruebe la medida, podrán obtener ayudas en este nuevo supuesto las viviendas que, de forma individualizada o en bloque, "sean adquiridas por las administraciones públicas, los organismos públicos y demás entidades de derecho público" , así como las empresas públicas y las entidades del tercer sector "sin ánimo de lucro" , con el fin último de "incrementar el parque público de viviendas destinadas al alquiler o cesión en uso social"
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