El Grupo Parlamentario Socialista y Sumar han registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para promover un gran pacto de Estado -social, político e institucional- para acabar con la pobreza infantil en nuestro país. La iniciativa conjunta de ambas formaciones se propone haber logrado su reducción en, al menos, 713.000 niños y niñas para 2030.
España tiene unos datos de pobreza infantil altos para ser la cuarta economía de la Unión Europea y superiores a los del resto de la población, lo que muestra un problema estructural. De hecho, y como recoge la PNL, un estudio realizado en 2022 por la Universidad de Gerona, y apoyado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, muestra que la pobreza en España se hereda y que los niveles de pobreza infantil son extraordinariamente altos y apenas varían con los años, lo que evidencia un problema estructural que requiere de medidas transformadoras que brinden una igualdad real a todos los niños, niñas y adolescentes. Además, en los últimos años, muchos hogares vulnerables han visto empeoradas sus condiciones socioeconómicas como consecuencia de la COVID-19 y de las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania.
Avanzar en los derechos y la protección de la infancia
El Gobierno de España trabaja desde 2018 para avanzar en la protección y promoción de los derechos de la infancia y tiene como prioridad reducir y erradicar la pobreza infantil, tras años de negacionismo político y de congelación de las ayudas destinadas a la infancia y la adolescencia más vulnerable, como son los niños y niñas con discapacidad, en hogares monomarentales/monoparentales, de origen migrante, de etnia gitana, extranjeros sin referentes familiares, solicitantes de asilo o protección internacional y temporal y víctimas de trata o explotación sexual, entre otros.
La iniciativa tiene como objetivo seguir elevando las políticas de infancia a la primera línea política y blindar los servicios públicos esenciales, como la educación, la sanidad o los servicios sociales. Contempla, asimismo, que se adopten medidas decisivas para romper los ciclos intergeneracionales de la pobreza, las desigualdades en la primera infancia, la discriminación, la segregación, la exclusión y la desventaja social. Para ello, promoverá un mecanismo de gobernanza y monitoreo formado por el Ministerio de Juventud e Infancia, los partidos políticos firmantes, las instituciones competentes y la sociedad civil.
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