En un nuevo giro en la investigación judicial sobre la gestión de la devastadora DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azotó la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre de 2024, la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha ofrecido al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la posibilidad de declarar voluntariamente como investigado.
Esta decisión, plasmada en un auto emitido el 10 de marzo de 2025, responde a la condición de aforado de Mazón, lo que impide a la magistrada citarlo directamente como imputado sin su consentimiento o sin una autorización previa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
La resolución judicial llega en un momento crítico para el líder del Partido Popular valenciano, cuya gestión durante la tragedia —que dejó más de 220 fallecidos y cuantiosos daños materiales— ha sido objeto de intenso escrutinio.
Aunque la jueza ha rechazado las peticiones de varias acusaciones particulares, incluida la de Podemos, para que Mazón sea citado como investigado o para que se investiguen los movimientos de su escolta policial el día de los hechos, ha optado por notificarle los autos emitidos.
Este paso busca informarle de las imputaciones que se le atribuyen y darle la oportunidad de comparecer voluntariamente ante el juzgado, un derecho que le asiste como aforado según el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Imputaciones a ex altos cargos y críticas a la gestión
En el mismo auto, la jueza ha citado como investigados a dos ex altos cargos del gobierno de Mazón: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, destituida el 22 de noviembre de 2024, y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
La magistrada sostiene que existen indicios de responsabilidad en la tardía respuesta institucional ante la catástrofe. En concreto, señala que la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) se convocó con un retraso injustificado —a las 17:00 horas del 29 de octubre—, a pesar de los avisos previos de la Aemet y de las imágenes de devastación que la televisión autonómica À Punt llevaba emitiendo durante toda la jornada.
La investigación apunta a que esta demora, junto con el envío de una alerta masiva a la población a las 20:11 horas —considerada tardía y de contenido insuficiente—, pudo contribuir a la magnitud de la tragedia. La jueza argumenta que, de haberse actuado con mayor diligencia, se podrían haber salvado vidas al advertir a la ciudadanía para que buscara refugio en zonas altas.
Mazón en el foco: ¿qué hizo el 29 de octubre?
La figura de Carlos Mazón ha estado en el centro de la polémica desde que se supo que, durante las horas críticas de la DANA, mantuvo un almuerzo en el restaurante El Ventorro de Valencia con la periodista Maribel Vilaplana, a quien presuntamente ofreció la dirección de À Punt. Mazón no llegó al Cecopi hasta las 20:28 horas, según reconoció tras meses de evasivas, lo que ha generado dudas sobre su implicación en la toma de decisiones clave. La Generalitat ha sostenido que el presidente no estaba presente cuando se envió la alerta a los móviles, una afirmación respaldada por imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Coordinación de Emergencias.
Sin embargo, la oposición y varias acusaciones populares, como la de Podemos, han insistido en que se esclarezca la agenda completa de Mazón ese día. La jueza, por su parte, ha rechazado indagar en los movimientos de los escoltas del presidente, argumentando que su jurisdicción no le permite actuar directamente contra un aforado sin su solicitud expresa o sin una derivación al TSJCV.
Un dilema político y judicial
La oferta de declarar voluntariamente pone a Mazón en una posición delicada. Si decide comparecer, deberá responder a preguntas incómodas sobre su actuación y la de su equipo; si opta por no hacerlo, podría alimentar las críticas sobre su falta de transparencia y colaboración con la justicia. Mientras tanto, el auto de la jueza ha sido interpretado como un golpe al relato oficial del Gobierno valenciano, que ha intentado minimizar las responsabilidades políticas y técnicas en la gestión de la crisis.
La investigación, que ya ha tomado declaración a más de un centenar de testigos —en su mayoría familiares de víctimas—, sigue su curso con el objetivo de determinar si hubo negligencias constitutivas de delitos como homicidios o lesiones imprudentes. Para las familias afectadas y la sociedad valenciana, el proceso judicial se ha convertido en una esperanza de obtener respuestas y justicia tras una tragedia que, según la jueza, pudo haberse mitigado con una actuación más temprana y efectiva.
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