Más de 200 organizaciones de la sociedad civil de toda Europa han alzado la voz contra lo que consideran una grave falta de transparencia por parte de la Unión Europea. Estas entidades, afectadas directa e individualmente por proyectos extractivos que recientemente han sido catalogados como estratégicos por la Comisión, denuncian la ocultación de información básica sobre dichos proyectos.
A través de una carta dirigida a la Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a los Grupos Políticos, las organizaciones firmantes han solicitado el ejercicio del derecho al acceso a la información pública y ambiental. Este llamado se produce en un contexto donde la Comisión Europea ha publicado una lista de “proyectos estratégicos” bajo el Reglamento de Materias Primas Fundamentales, destinados a acelerar la obtención de minerales considerados cruciales para la transición energética y digital.
Impacto en comunidades locales
La calificación de proyecto estratégico permite una tramitación acelerada de permisos y limita la participación efectiva de las comunidades locales. Estos proyectos recibirán un estatus prioritario en procesos administrativos y judiciales, además de contar con apoyo financiero por parte de la Comisión Europea. Sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes es que muchos yacimientos de los llamados “minerales críticos” están ubicados cerca o dentro de zonas protegidas, como es el caso de la Red Natura 2000. Esto podría permitir que estos proyectos sean considerados “de interés público superior”, debilitando así las directivas ambientales existentes.
Ante esta situación alarmante, diversas organizaciones ecologistas y colectivos sociales han instado a la Unión Europea a proporcionar información sobre estos proyectos para evaluar su impacto ambiental y social. A pesar de las solicitudes, los organismos europeos han mostrado resistencia a facilitar datos esenciales sobre los proyectos mineros. En respuesta, 230 organizaciones —incluyendo ONGs y grupos dedicados a derechos humanos y protección ambiental— han enviado una carta formal solicitando el acceso a esta información.
Cuestionamiento a las políticas actuales
La falta de transparencia en este proceso genera incertidumbre sobre los criterios utilizados para clasificar ciertos proyectos como estratégicos, otorgándoles privilegios económicos y administrativos. Esta situación también plantea serias dudas sobre el cumplimiento del Convenio de Aarhus, que garantiza el acceso a la información y participación en asuntos ambientales.
Las políticas actuales relacionadas con minerales críticos no solo parecen alejarse del objetivo de garantizar una transición ecológica justa, sino que también podrían exacerbar las desigualdades sociales y territoriales existentes. Además, estas políticas tienden a profundizar el expolio de recursos en el Sur Global sin asegurar los derechos fundamentales de las comunidades locales e indígenas.
Llamado a una revisión urgente
Las organizaciones firmantes exigen una revisión inmediata de los proyectos estratégicos seleccionados para asegurar que ningún proyecto con antecedentes negativos en prácticas ambientales o sociales reciba esta calificación. También piden que se excluyan aquellos ubicados en áreas naturales protegidas o donde existan incompatibilidades con actividades extractivas.
Es fundamental un cambio radical en las políticas sobre materias primas minerales para priorizar la reducción del consumo y fomentar el reciclaje. La planificación espacial estratégica debe definir claramente qué materias primas son necesarias, dónde pueden extraerse sin comprometer el medio ambiente ni las comunidades afectadas y bajo qué condiciones deben desarrollarse estas actividades.
Las organizaciones españolas firmantes también han denunciado que se han seleccionado minas con un historial problemático en España, como Las Cruces (Sevilla), La Parrilla (Cáceres) y Aguablanca (Badajoz). Estas minas tienen antecedentes graves relacionados con irregularidades ambientales y conflictos sociales debido a sus impactos negativos en espacios protegidos.
La noticia en cifras
Cifra |
Descripción |
230 |
Número de organizaciones que denuncian la falta de transparencia |
6.5 millones de euros |
Sanciones acumuladas por la mina de Las Cruces |
3 |
Número de proyectos mencionados con irregularidades |
5 |
Número de proyectos con contestación social mencionados |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué denuncian más de 200 organizaciones europeas sobre la UE?
Denuncian que la UE está ocultando información básica sobre proyectos mineros declarados estratégicos, lo que afecta a las comunidades locales y al medio ambiente.
¿Qué es el estatus de proyecto estratégico otorgado por la Comisión Europea?
Este estatus permite una tramitación acelerada de permisos de explotación y prioriza estos proyectos en procesos administrativos y judiciales, limitando la participación efectiva de las poblaciones locales.
¿Cuáles son los riesgos asociados con los proyectos mineros estratégicos?
Los proyectos pueden encontrarse cerca o dentro de zonas protegidas, debilitando la aplicación de directivas ambientales y aumentando el riesgo de daños al medio ambiente y a las comunidades locales.
¿Qué solicitan las organizaciones firmantes en su carta al Parlamento Europeo?
Solicitan el derecho a acceder a información pública y ambiental sobre los proyectos mineros para evaluar su impacto social y ambiental.
¿Qué críticas se hacen a las políticas actuales sobre minerales críticos?
Se critica que estas políticas no garantizan una transición ecológica justa, sino que profundizan desigualdades sociales y territoriales, además de aumentar el expolio de recursos del Sur Global.
¿Qué cambios demandan las organizaciones respecto a los proyectos estratégicos?
Demandan una revisión inmediata para asegurar que no se otorgue este estatus a proyectos con malas prácticas ambientales o ubicados en espacios naturales protegidos.
¿Cómo debe ser la política minera de la UE según las organizaciones?
Debe basarse en una planificación espacial estratégica que defina claramente qué materias primas se necesitan y bajo qué condiciones deben extraerse, priorizando el bienestar de la población y del medio ambiente.