En un alarmante informe, se ha revelado que en 2024, al menos 1,2 millones de personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares debido a la creciente delincuencia. Este dato representa un incremento significativo, ya que es el doble de las cifras registradas el año anterior.
La actividad delictiva organizada no solo obliga a individuos y comunidades a huir de sus residencias, sino que también expone a estas poblaciones a severos abusos contra los derechos humanos. Entre las violaciones más preocupantes se encuentran la violencia, la extorsión, así como el reclutamiento y trabajo forzados. Además, la situación se agrava con casos de violencia y explotación sexuales.
Un panorama desolador
Las implicaciones de este fenómeno son devastadoras para las comunidades afectadas. La delincuencia organizada crea un ambiente de miedo e inseguridad que no solo impacta en la vida cotidiana de las personas, sino que también destruye los lazos sociales y económicos fundamentales.
A medida que las organizaciones criminales proliferan, el número de desplazados continúa aumentando, lo que plantea serias preguntas sobre la capacidad de los gobiernos y organismos internacionales para abordar esta crisis humanitaria. Las respuestas adecuadas son urgentes y necesarias para proteger a quienes sufren estas violaciones.
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