Greenpeace ha aplaudido la reciente resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que establece que los Estados tienen la obligación de garantizar un medio ambiente limpio y saludable. Este pronunciamiento, considerado histórico, se produce en el contexto de una Opinión Consultiva solicitada por más de 190 países ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2023. La CIJ ha subrayado que el derecho a un medio ambiente sano es esencial para disfrutar de otros derechos humanos.
Entre las recomendaciones emitidas por la Corte, se destaca la necesidad de eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles y prohibir nuevas licencias para su explotación. Además, se impone a las empresas la responsabilidad de reparar los daños causados por sus emisiones, sin importar dónde ocurran.
Un cambio significativo en el derecho internacional
Esta resolución marca un punto de inflexión en el ámbito del derecho internacional, alineándose con decisiones previas como la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Klimaseniorinnen. Según Greenpeace, este avance refuerza las responsabilidades estatales más allá del Acuerdo de París e introduce nuevas obligaciones basadas en derechos humanos.
La opinión consultiva incluye afirmaciones cruciales, como considerar el incumplimiento del Protocolo de Kioto como un acto ilícito a nivel internacional. También establece que las contribuciones nacionales a la reducción de emisiones deben ser efectivas y contribuir al objetivo legalmente vinculante de limitar el aumento global de temperatura a 1,5 ºC.
Reacciones desde Greenpeace
Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace España, ha señalado que esta resolución representa un cambio hacia una mayor protección del clima y los derechos humanos frente a intereses económicos. “Los Estados ya no pueden evadir sus obligaciones climáticas”, afirmó Ruiz-Huerta, añadiendo que “los contaminadores deben asumir la responsabilidad por los daños causados”.
La relevancia de esta decisión es evidente ante la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos que amenazan vidas y salud. Ejemplos recientes incluyen desastres naturales devastadores y olas de calor que han resultado en miles de muertes.
Afrontando la crisis climática
Pedro Zorrilla Miras, responsable de la Campaña de Cambio Climático en Greenpeace, enfatizó que “los contaminadores deben dejar de emitir y asumir su responsabilidad”. Propuso también implementar nuevos impuestos sobre las empresas responsables del cambio climático para financiar medidas correctivas y acelerar la transición hacia energías limpias.
La CIJ también ha dejado claro que el incumplimiento conlleva el deber de proporcionar reparaciones completas. Esto incluye tanto el cese inmediato de actividades dañinas como compensaciones económicas por pérdidas ocasionadas.
Compromiso global ante la justicia climática
Finalmente, se espera que esta resolución impulse una mayor justicia climática intergeneracional y ofrezca protección histórica a comunidades vulnerables afectadas por la crisis climática. En 2023, Greenpeace Internacional llevó testimonios desde comunidades impactadas por el cambio climático ante la CIJ, buscando claridad sobre las obligaciones estatales y empresariales relacionadas con este desafío global.
La audiencia pública celebrada por la Corte atrajo una participación significativa: 97 Estados y 11 organizaciones internacionales presentaron sus argumentos sobre los efectos del cambio climático. Esta amplia representación subraya la importancia crítica del asunto en el ámbito internacional.
Días antes de esta resolución trascendental, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también emitió una opinión consultiva reafirmando las obligaciones estatales frente a la emergencia climática y priorizando los derechos humanos sobre los intereses empresariales contaminantes.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué establece la resolución de la Corte Internacional de Justicia sobre el medio ambiente?
La resolución establece que el derecho a un medio ambiente sano es fundamental para disfrutar de los demás derechos humanos y que los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar este derecho.
¿Qué obligaciones impone la Corte a los Estados y empresas?
La Corte impone a los Estados la obligación de acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles y prohibir nuevas licencias de explotación. Además, obliga a las empresas a reparar los daños causados por sus emisiones, independientemente del lugar donde ocurran.
¿Cómo afecta esta resolución al derecho internacional y los litigios climáticos?
Esta resolución marca un cambio en el derecho internacional, situando la protección del clima y los derechos humanos por encima de los intereses económicos de las empresas. Se espera que esto impulse litigios climáticos en curso en diferentes países, incluyendo España.
¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento de las obligaciones climáticas según la Corte?
El incumplimiento conlleva el deber de proporcionar reparaciones plenas, que incluyen tanto el cese inmediato de actividades perjudiciales como compensaciones económicas por pérdidas y daños ocasionados.
¿Cuál es la importancia de esta decisión ante fenómenos meteorológicos extremos?
La resolución es relevante debido a la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos que amenazan la salud y vida de millones de personas, lo que subraya la urgencia de actuar frente a la crisis climática.
¿Qué papel tuvo Greenpeace en este proceso judicial?
Greenpeace presentó testimonios y una sólida base científica ante la Corte, recopilando relatos de comunidades afectadas por el cambio climático para incidir en la necesidad de aclarar las obligaciones de los Estados y empresas vinculadas a los combustibles fósiles.
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