En el año 2015, un correo electrónico fue recibido por Montoro en una dirección que buscaba ocultar su identidad (aromero@minhap.es). Este mensaje contenía el documento de la Fiscalía Anticorrupción relacionado con el caso de la caja B del Partido Popular (PP). Según revela elDiario.es, Montoro tuvo acceso a este escrito antes de que las partes implicadas en el juicio lo recibieran e incluso antes de que fuera presentado al instructor del caso, Pablo Ruz.
Además, y tal vez lo más significativo, el documento que llegó de manera ilegal a manos de Montoro fue elaborado por Antonio Romeral, el único fiscal involucrado en el caso en ese momento. Este fiscal ha sido objeto de numerosas críticas por parte de las acusaciones populares debido a decisiones como excluir al PP de la acusación por delito fiscal y no solicitar la prisión provisional para Luis Bárcenas, el tesorero. Curiosamente, tras el cierre del caso, Romeral ascendió y actualmente es uno de los fiscales que está tratando de obstaculizar la investigación contra el exministro.
A pesar de que Romeral no logró eximir al PP ni reducir uno de los escándalos de corrupción más significativos en la historia de España, por ironías del destino, fue promovido a la segunda posición en la Fiscalía Anticorrupción, justo detrás de Alejandro Luzón en este organismo. Actualmente, este segundo fiscal se encuentra bajo el escrutinio público, ya que representa el principal impedimento para la expansión de la investigación contra el exministro. Para llevar a cabo esta tarea, ha designado a Romeral para supervisar de manera crítica a Carmen García Cerdá, quien es la fiscal responsable del caso Montoro y busca profundizar en las indagaciones.
Para García Cerdá, avanzar se ha vuelto una tarea imposible debido al bloqueo impuesto por los dos altos mandos de Anticorrupción, quienes son viejos conocidos en Génova 13. A mediados de 2023, la fiscal comunicó a Luzón la necesidad de ampliar la investigación para incluir correos como el que fue revelado recientemente. Sin embargo, ante la negativa de los jefes, se vio forzada a recurrir al artículo 27 del Estatuto Fiscal, que permite a cualquier miembro del Ministerio Público expresar su desacuerdo con las órdenes recibidas de un superior.
La reunión de fiscales tuvo lugar unos meses más tarde, donde Luzón, junto a su grupo, intentó imponer su enfoque. En esa ocasión, García Cerdá solo contó con el respaldo de cuatro colegas que también pensaban que era necesario ampliar la investigación para determinar cómo Montoro utilizaba la información confidencial de los contribuyentes, muchos de los cuales eran rivales políticos o enemigos cercanos. A pesar de esto, Luzón argumentó que el tráfico de esta información estaba respaldado por la ley y desestimó las aspiraciones de la fiscal responsable.
Abrimos la caja de Pandora 'B' del PP
Los pasos de García Cerdá son ahora seguidos de cerca por Romeral, quien ha recibido esta tarea de Luzón. No obstante, hace diez años su enfoque era más permisivo respecto a la participación del PP en la trama de corrupción que resultó en la condena del partido como responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por Bárcenas. En aquel momento, Romeral redactó un documento que exoneraba al PP, el cual fue enviado a Montoro antes que al propio juez instructor.
Un correo enviado el 9 de marzo de 2015 por Felipe Martínez Rico, jefe de Gabinete del ministro de Hacienda, contiene el escrito en cuestión. Los investigadores han establecido que Montoro tenía acceso al mail abierto del Ministerio. En el contenido del correo, Martínez Rico señala que Santiago Menéndez, quien era el director de la Agencia Tributaria en ese momento e imputado en el caso Montoro por favorecer a las gasistas mediante cambios normativos y la intervención de Equipo Económico, es el primer destinatario del informe.
Martínez Rico se refiere a la información que Menéndez recibió, indicando que "A Santiago le han enviado de manera informal el mismo documento que adjunta Julia. También sin firmar. Es comunicación del fiscal al juez Ruz". Además del juez mencionado en el correo, la jefa de la Secretaría del Ministro también está involucrada en esta situación. Se sugiere que ella habría recibido el correo de la secretaria de otro Ministerio, específicamente el de Justicia. Las cartas estaban marcadas y la respuesta ya estaba lista incluso antes de que el juez se pronunciara.
Además, señala en las líneas siguientes del correo que “todavía no tenemos conocimiento de ningún escrito del juez Ruz a la AEAT (Agencia Tributaria), pero ya tiene cobertura suficiente para insistir en su planteamiento”. Además, menciona que “de momento, la AEAT está preparando un escrito de respuesta (inicio de conflicto jurisdiccional) al hipotético escrito del juez Ruz”, lo que pone de manifiesto la implicación de un organismo como la Agencia Tributaria. Mientras tanto, tanto la Fiscalía como la AEAT sostienen que el PP no debía tributar por las donaciones ilegales, generando desconcierto entre las acusaciones populares y el propio juez, quienes no comprenden esta postura. Con lo revelado recientemente, ahora toda la ciudadanía entiende el motivo detrás de esta situación.
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