La Federación LGTBI+ exige derechos y dignidad para personas con VIH en España

La Federación Estatal LGTBI+ ha lanzado un contundente llamado a la acción en el marco del Día Mundial del Sida, subrayando que, a pesar de los avances médicos significativos, las personas que viven con VIH en España siguen enfrentando barreras que comprometen sus derechos y limitan su bienestar integral.

En este contexto, la organización exige políticas públicas que sean estables, inclusivas y fundamentadas en los derechos humanos. Estas políticas deben abordar no solo la salud física, sino también el acompañamiento psicológico, social y comunitario, así como garantizar igualdad en el acceso a recursos y prestaciones.

Demandas para una atención integral

Las exigencias incluyen la eliminación de la discriminación en prevención, tratamientos, seguros y servicios. La Federación enfatiza la necesidad de erradicar el estigma asociado al VIH y de asegurar recursos públicos suficientes para mantener la salud, autonomía y dignidad de quienes viven con esta condición.

Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, ha manifestado que “no es admisible que en pleno 2025 sigamos constatando barreras administrativas y discriminación en el acceso a derechos básicos”. Según Iglesias, “la respuesta debe basarse en derechos humanos, no en circunstancias o arbitrariedades territoriales”.

Por su parte, Javier Sotomayor, coordinador del grupo de VIH de la Federación, ha destacado que “muchas personas que viven con VIH desde hace décadas enfrentan problemas de salud mental y dificultades sociales que no se resuelven únicamente desde un enfoque médico”. Es imperativo desarrollar políticas públicas que integren el apoyo psicológico y social para garantizar un bienestar integral.

Retos del envejecimiento y acceso a tratamientos

Manel Mora, también coordinador del grupo de VIH, ha señalado que “el envejecimiento de las personas con VIH plantea retos específicos de derechos humanos”. Muchas personas mayores encuentran obstáculos para el reconocimiento de su discapacidad debido a criterios actuales que no consideran adecuadamente las comorbilidades asociadas al VIH. Esto afecta directamente su autonomía y calidad de vida.

La Federación también ha hecho hincapié en la necesidad urgente de eliminar las barreras persistentes en el acceso a la PrEP, especialmente para mujeres y migrantes en situación administrativa irregular. Estas restricciones generan desigualdades y ponen en riesgo la eficacia preventiva. Por ello, exigen un acceso universal a la PrEP sin discriminación.

A su vez, se requiere actualizar los criterios relacionados con la discapacidad para reflejar mejor las realidades clínicas y sociales derivadas del VIH. Actualmente, muchas personas tienen dificultades para obtener un grado acorde a su situación debido a baremos desactualizados.

Erradicación del estigma y fortalecimiento de recursos

La implementación del Pacto Social contra el Estigma y la Discriminación sigue siendo desigual e insuficiente en muchas regiones. Por lo tanto, instan a las administraciones públicas a garantizar su aplicación efectiva y homogénea. Además, es crucial reforzar acciones educativas y sanitarias para erradicar el estigma en todos los ámbitos.

Finalmente, demandan mayores recursos públicos destinados a prevención, diagnóstico precoz y trabajo comunitario. Las entidades sociales han sido fundamentales en la respuesta frente al VIH; por lo tanto, es esencial apoyarlas con fondos adecuados y situarlas como agentes clave en intervención.

Iglesias concluye afirmando: “La defensa de los derechos de las personas que viven con VIH no puede depender de debates coyunturales ni voluntades cambiantes”. La meta es avanzar hacia un modelo donde ninguna persona enfrente barreras por su estado serológico y donde dignidad, igualdad y derechos humanos estén garantizados sin excepción.

Preguntas sobre la noticia