Explicó que Fernández es adjudicatario del contrato de la Asamblea para gestionar la cafetería, recibiendo por ello 364.000 euros, según los presupuestos de 2013, y “no parece razonable que un empresario que evade fiscalmente sus obligaciones salariales, perjudicando a los trabajadores, siga contratado por una administración pública”.
No obstante, confiamos en que la Inspección de Trabajo actúe de manera “rápida y eficaz” ante esta actuación fraudulenta por parte del empresario madrileño y “no esté solo para aquellos casos en los que algún albañil en paro hubiese hecho una chapuza”… para el que sí se aplica la ley.
Además, si la regeneración democrática la defiende Esperanza Aguirre, que fue la que puso como ejemplo de empresarios a Arturo Fernández o Gerardo Díaz Ferrán, pues está todo dicho.
Si (
No(
