La OCU seleccionó 15 electrodomésticos, les colocó un dispositivo de seguimiento vía GPS y siguiendo las distintas opciones entregaron algunos a un punto limpio, otros los entregaron en la tienda y otros fueron recogidos en el domicilio.
De ellos, uno de los ordenadores fue transportado desde Pamplona hasta Vizcaya, pero pasando por Sevilla, es decir, recorrió unos 1200 kilómetros y generó de forma completamente gratuita 650 kilos de dióxido de carbono.
De los televisores, de los que ninguno llegó a su destino, uno fue desmembrado en Calahorra y una parte acabó en un descampado de Lérida y otra en Zaragoza.
Pero lo más indignante, es el grado de desconocimiento, de control y de transparencia informativa del destino de los residuos recogidos que tienen los responsables de los puntos limpios, los Ayuntamientos y las tiendas.
En Madrid, se obstruyó el derecho del ciudadano a la información ambiental, al poner todas las trabas posibles antes de facilitar la información, los ayuntamientos de Plasencia y Ribadasella negaron tener puntos limpios, a pesar de que la OCU hubiera entregado en dichos puntos limpios distintos electrodomésticos.
Las tiendas pusieron todas las trabas posibles a la recogida de electrodomésticos, los puntos limpios estaban mal señalizados y su gestión prácticamente obligaba a los consumidores a tirar los residuos a contenedores, lo que puede derivar en su fractura e imposibilitar una correcta descontaminación de los mismos.
Eso por no hablar de la opacidad e imprecisión de los Sistemas Integrados de Gestión o el desconocimiento de los distribuidores sobre lo que sucede con sus propios residuos.
Desde hace seis años, pagamos un total de 300 millones de euros anuales y el sistema no consigue llevar a su destino ni el 40% de los residuos y de los que llegan la mitad no se tratan de forma correcta.
Lo peor es que pagamos una determinada tasa en función del tipo de electrodoméstico que no figura en la factura, para que cuando finalice su vida útil sea recogido y reciclado de forma adecuada. Sin embargo los fabricantes sólo pagan por los que realmente se reciclan, delegando además muchas veces esta función a un Sistema Integrado de Gestión, por lo que hasta el 60% de lo que pagamos, se lo quedan sin hacer nada de lo que están obligados a hacer.
No sólo se trata de que les estemos regalando el dinero a los fabricantes, sino de que encima estamos incrementando la contaminación ambiental y dejando al aire libre compuestos cancerígenos sin la gestión adecuada.
Belén Ramos, responsable de medio ambiente de la OCU, ha denunciado que quien sale enormemente beneficiado por la “pasividad” de las administraciones públicas es el fabricante que se embolsaría gran parte del dinero de los clientes sin ningún coste para él.
Desde la OCU se exige una auditoria del sistema de reciclado y una mayor transparencia de las tasas y lo que se hace con ese dinero, una mayor profesionalización del sistema, un mayor control del cumplimiento de la Ley y la eliminación de circuitos alternativos que no garanticen la gestión adecuada de los residuos
De momento, ya se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente, los resultados del estudio. Veremos lo que pasa.
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