El juez Andreu, tras la recepción de la querella presentada por UPyD, investigará por delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas a distintos directivos de determinadas cajas ligadas a BANKIA. Ahora bien, UPyD recurrirá la decisión de tramitar la causa dentro del caso Bankia, con la intención de evitar que se demore la resolución judicial, y facilitar así que puedan acceder a la causa afectados de otras entidades no integradas en Bankia.
También ha decidido recurrir la decisión de Andreu de no imputar al ex-gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores Julio Segura, al entender que ambos serían autores en los 5 presuntos delitos denunciados de colaboradores necesarios.
El abogado y miembro de UPyD Andrés Herzog ha señalado que la admisión a trámite abre una nueva "oportunidad para los afectados por las preferentes", "un nuevo campo de responsabilidad no incompatible con demandas civiles. La importancia se verá con el tiempo cuando se profundice en la investigación".
El abogado ha recibido muy bien el auto de la Audiencia Nacional. "Andreu asume de principio a fin que en este caso se ideó un producto complejo para que no fuera entendible" y "sienta unas bases muy sólidas cara a la instrucción", ha manifestado, y va a obligar a las entidades y a los organismos supervisores a un "desnudo integral".
En el auto, el juez instructor afirma que el criterio de la fiscalía habría permitido "espacios de impunidad". "El Gobierno no está facilitando que se haga justicia", censuraba la dirigente. Por ello, UPyD “no cejará en su empeño de que se diriman responsabilidades de todo tipo” tanto sobre esta “presunta estafa” como de todas aquellas actuaciones ilícitas que han llevado a las Cajas de Ahorro a su ruina.
La investigación de las preferentes servirá para analizar en profundidad el diseño, implantación, emisión, comercialización y gestión de este producto bancario con más de 300.000 afectados en toda España, poniendo en evidencia las malas prácticas realizadas para su comercialización a pequeños ahorradores.