El extenso paquete normativo, presentado en poco más de una semana, culpa de los males del sistema al desarrollo de las energías renovables y al descenso de la demanda eléctrica, mientras que nada dice de los enormes beneficios de las eléctricas en un mercado distorsionado, muy poco transparente, y controlado por sólo cinco grandes empresas.
Además, en opinión de los grupos ecologistas, el paquete normativo está diseñado para frenar en seco el desarrollo de las energías renovables en favor de las tecnologías sucias (gas, carbón y uranio) y de forma retroactiva, cambia normas para inversiones que ya se han producido.
Esto llevará a España a reclamaciones nacionales e internacionales, con la probable consecuencia de un coste mayor que el que se pretendía evitar, y con la segura pérdida de credibilidad del país, por lo que supone de total falta de seguridad jurídica-aseguran.
Las organizaciones ecologistas consideran que la reforma energética propuesta por el Gobierno va contracorriente de la tendencia internacional de apoyo a las renovables como motor económico de futuro. Además, estas energías limpias fomentan la independencia energética y luchan contra el cambio climático. Sin embargo, el Ministerio de Industria se empeña en negar tales hechos, y desaprovecha las fuentes autóctonas, limpias y renovables.
El gobierno ha hecho un análisis erróneo que llevará a España a seguir importando y quemando combustibles fósiles, en una senda insostenible tanto a nivel ambiental como económico y social, agravando la contribución al cambio climático y destruyendo decenas de miles de empleos-explican mientras ponen como ejemplo de hasta dónde puede llegar el gobierno para beneficiar a las grandes empresas, el Real Decreto sobre autoconsumo.
Dicho decreto en lugar de fomentar el autoconsumo lo penaliza con una serie de barreras que imposibilitan que cualquier persona pueda producir su propia energía de forma limpia y más barata que la consumida desde la red.
Incluso, el no registrarse como autoconsumidor en el Ministerio conllevará incurrir en una falta muy grave tipificada con una sanción de hasta 60 millones de euros-apuntan.
Además, las organizaciones denuncian la absoluta falta de transparencia mostrada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en la elaboración y tramitación de todo el paquete normativo.
Consideran inaceptable disponer de solo diez días para alegar una normativa de esta naturaleza e importancia, especialmente cuando viene acompañada de un paquete de 7 reales decretos, 4 órdenes ministeriales, una resolución y un proyecto de ley, precedidas de un RD-Ley.
El Gobierno ha reducido los plazos para alegar al mínimo legal posible y se ha evitado así cualquier posibilidad de participación y discusión por parte de la sociedad civil-alegan.
Las energías renovables, lejos de ser la causa de los males del sector eléctrico, son la solución para lograr un sistema energético de futuro. Ellas permitirían a nuestro país ser más competitivo, crear empleos y cumplir objetivos de emisiones y ambientales.
Así lo han interpretado países como Alemania y Dinamarca que han decidido abastecerse 100% con fuentes renovables a medio plazo. Sin embargo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha diseñado una hoja de ruta diametralmente opuesta que solo obedece a los intereses económicos de las grandes compañías eléctricas, que más tarde admiten en sus consejos a destacados miembros de los partidos políticos, y no al interés general.
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