En una entrevista con Europa Press, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medioambiente explicaba que la prohibición de utilización de un terreno durante 30 años es "una especie de sanción para disuadir a aquellos que pudieran tener la idea de quemar un monte para luego hacer otros aprovechamientos que produjeran beneficio económico".
Y "está bien" que no se pueda aprovechar, del resultado de un incendio, aquel que tenga intereses económicos privados"-señala- pero se están valorando "otro tipo de posibles utilizaciones" de interés general y social declarados por ley, como por ejemplo un hospital o un centro penitenciario "o cualquier obra de interés social".
"Tendremos que reflexionar y estamos discutiendo este tema con las organizaciones ecologistas, que no son muy partidarias y con todos los afectados", afirmaba mientras aventuraba que esta es una ley que "va a tener mucho diálogo" y espera que "mucho consenso".
Al mismo tiempo, insistió en que cree que es mejor imponer la obligación de regenerar una superficie de monte equivalente y que es "mejor para la sociedad" que una comunidad autónoma quiera construir una obra de interés general, regenerando, además, un número de hectáreas igual al quemado, en vez de dejar un monte quemado durante 25 o 30 años sin actuaciones de regeneración inmediatas.
"Vamos a dialogar, a buscar puntos de encuentro en los que todo el mundo se encuentre tranquilo, porque no va a haber especulación, ni se va a favorecer ningún tipo de práctica que pueda conducir a una pérdida de superficie forestal en un país como el nuestro", ha asegurado.
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