En un comunicado oficial, el Gobierno de Gibraltar afirma haber "identificado fuentes alternativas para el suministro" de piedras y arena, para salvar la prohibición española de permitir el acceso de estos materiales al Peñón.
Las arenas y las rocas están destinadas a la construcción de un espigón en la cala este, lugar en el que está previsto levantar un complejo inmobiliario de lujo en terrenos ganados al mar.
De ahí que Gibraltar "en breve ultimará un acuerdo con estos proveedores" nuevos, con el fin de que no "se produzcan retrasos en el desarrollo de ningún proyecto como resultado de estas restricciones ilegales y anti-europeas".
"En caso de mantenerse las restricciones, se emprenderán acciones legales y se efectuarán las denuncias pertinentes a la Comisión Europea", avisa el comunicado.
La construcción de este macro complejo está levantando también polémicas medioambientales. La última ha sido por la utilización de plásticos peligrosos para el medio ambiente.
Reunión Picardo-Cameron
El asunto del suministro de arenas y rocas será uno de los que abordarán el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, en su reunión con el primer ministro británico, David Cameron, después del viaje que ha realizado el primero este martes hacia las Islas Británicas.
Esta visita "demuestra la fortaleza de los vínculos entre el Reino Unido y Gibraltar y nuestro compromiso de apoyar a la población de Gibraltar", señaló en una nota un portavoz de la diplomacia británica.
"El primer ministro, el ministro de Exteriores y el ministro principal (de Gibraltar) van a debatir una serie de asuntos, incluidas nuestras preocupaciones sobre los retrasos en la frontera de España y Gibraltar", concluyó el portavoz del Foreign Office.
Está previsto que Picardo, que permanecerá en Londres hasta el viernes, se reúna mañana con Hague y el jueves con el primer ministro británico.
Reino Unido prepara una ley perjudicial para Gibraltar
Reino Unido prepara una ley que podría desmontar el negocio del juego online de Gibraltar, demostrando a Picardo que el enemigo está en la propia casa. Y es que el Gobierno británico quiere acabar con las ventajas fiscales del juego por Internet, que emplea a nada menos que el 12% de los trabajadores de la colonia.
El cambio en la ley supondrá un duro golpe para las finanzas de Gibraltar, cuya principal industria está conformada precisamente por las multinacionales del juego online, que se han radicado en la colonia desde hace más de una década al amparo de su baja tributación.
El proyecto de ley del Gobierno de David Cameron pretende modificar el régimen fiscal de esa actividad de forma que se aplique una tasa del 15% sobre los ingresos netos de las empresas (dinero ingresado por apuestas menos premios), en lugar del 1% que pagan ahora en el Peñón (con un mínimo de 85.000 libras [más de 98.7000 euros] y un máximo anual de 425.000 libras [casi 490.000 euros]).
Para ello, cambiará el objeto fiscal, que se basará en la ubicación del jugador y no en el domicilio fiscal de la empresa, y otorgará un sistema de licencias que será preciso para operar con apuestas que se hagan desde el Reino Unido.
Las más de 20 empresas internacionales que tienen sede en Gibraltar, y que cuentan para sus negocios online con el apoyo incondicional de Picardo, ya se han mostrado contrarias a la ley del Reino Unido.
No investigaremos el fraude fiscal
La Comisión Europea ha dejado claro al Gobierno de Mariano Rajoy que el mandato de la misión de expertos que enviará a la frontera con Gibraltar está "bastante claro" y excluye cuestiones de fraude fiscal presuntamente cometidas por las autoridades del Peñón y ha insistido en que el mandato ha sido discutido por el presidente del Gobierno español y el presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, en conversación telefónica de la semana pasada.
"La misión de recogida de datos cubrirá los controles fronterizos, el movimiento de personas y bienes y los controles aduaneros, incluido el contrabando", ha dejado claro en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo comunitario, Pia Ahrenkilde, preguntada sobre por qué Bruselas no acepta la petición del Gobierno español de incluir también en la misión el fraude fiscal.
"El mandato está muy claro. Ha sido discutido con Rajoy y es como lo acabo de describir", ha recalcado la portavoz, que ha admitido que la misión "se acordará" con las autoridades españolas y británicas "para que tenga lugar lo antes posible". "Los preparativos están en marcha", ha insistido.
En su conversación con Durao Barroso, Rajoy defendió que esta misión debería tener un "enfoque global", de manera que se dedique también a "controlar" que la actividad económica en el Peñón "no vulnere la normativa europea relativa a blanqueo de dinero, contrabando y fiscalidad".
"Este proceso y estas preocupaciones las conocemos. Son tratadas en el Consejo, entre los Estados miembros y por el momento no hemos recibido quejas formales", ha apostillado el portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly, también en rueda de prensa en referencia a las preocupaciones españolas sobre fraude fiscal en Gibraltar.
Si no recibimos respuesta lo denunciaremos en la Unión Europea
El Ministerio de Hacienda podría activar un mecanismo de denuncia ante la Unión Europea si Gibraltar no responde de manera reiterada a las peticiones de información fiscal que ha venido cursando a lo largo del año, según informaron fuentes de Hacienda.
Las mismas fuentes explicaron que la Agencia Tributaria ha enviado desde principios de este ejercicio un total de 19 requerimientos de información fiscal. Las peticiones son anteriores a que estallara el conflicto con el Peñón por el lanzamiento de bloques de hormigón con ferralla para impedir que faenen en la zona los pescadores de Algeciras. Según las fuentes consultadas, las autoridades del Peñón aún no han respondido a ninguno de los requerimientos de información que ha realizado España y, aunque aún están en plazo, este concluye en septiembre para algunos de ellos.
En el caso de que en septiembre la Agencia Tributaria no reciba información sobre los requerimientos que ha ido remitiendo a Gibraltar, repetirán la petición y si se produce una ausencia reiterada en la remisión de la información, es decir, si el Peñón da la callada por respuesta, el Ministerio de Hacienda podría activar un mecanismo de denuncia ante la Unión Europea por incumplimiento de la normativa comunitaria.
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