El recurso cuestiona una veintena de preceptos de la nueva Ley de Costas, aprobada cómo casi todas las leyes del actual gobierno con los únicos votos a favor del PP. La actual legislación modifica la norma de 1988, que ningún Gobierno había tocado hasta ahora y entre sus principales novedades destaca la ampliación de las concesiones sobre construcciones de 30 a 75 años.
El secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, anuncia que esta norma tiene "un recorrido muy corto" porque en el momento en el que el PSOE vuelva al poder "asume el compromiso de colocar entre sus prioridades una nueva ley que devuelva a sus legítimos propietarios" la costa española.
Y es que en su opinión, el Gobierno ha optado "por la ocupación sin límite del litoral, a convertirlo en un espacio de negocio cuando debería ser la primera barrera que garantizase la seguridad ambiental de la ciudadanía".
Ha advertido asimismo de que el Ejecutivo popular "comete un error" al creer que este recurso es "meramente" político: "Lo que el PSOE hace es suplir la abdicación del Gobierno en la defensa del interés general".
El texto entregado en el registro del alto tribunal argumenta que las disposiciones de la ley recurrida "son inconstitucionales, en primer lugar, y en algunos casos, por su frontal oposición con el régimen del dominio público diseñado por la Carta Magna y con la defensa y protección del medio ambiente sancionada constitucionalmente".
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