Este certificado es obligatorio desde junio para los propietarios que quieran vender o alquilar sus construcciones. Es un informe sobre el consumo de energía que debe evaluar un técnico superior, normalmente, un arquitecto o un ingeniero, y en el que se califica la eficiencia con letras que van de la A a la G, igual que se evalúa a los electrodomésticos.
En apenas tres meses, solamente unas 168.000 construcciones han registrado estos certificados y 110.000 han sido sólo entre Madrid y Cataluña, por lo que la cifra se antoja baja en un país con 3,4 millones de viviendas vacías, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
La cara de quienes quieren alquilar o vender una vivienda es un poema cuando alguien les habla del documento. “¿Certificado de qué?”, preguntan. En las inmobiliarias están más que habituados a escuchar sus quejas. Que si es un sacacuartos, otro invento del Gobierno para recaudar… cuando la realidad es que se trata de una imposición de la Unión Europea para intentar que las casas consuman cada vez menos electricidad y así reducir las emisiones de CO2 y que llega con años de retraso después de una amenaza de multa millonaria.
El desorden llega desde muchos frentes.
Las comunidades autónomas, encargadas de crear los registros de estos certificados y de vigilar que las calificaciones sean correctas, llevan ritmos muy diferentes. Madrid y Cataluña han arrancado e incluso ya tramitan algunas sanciones, mientras que en Aragón, por ejemplo, todavía ni siquiera se ha abierto el registro y Andalucía está teniendo problemas con la inscripción online.
Además hay abierta una guerra de precios que van desde los 35 a los 200 euros. Los colegios de arquitectos e ingenieros han tenido que advertir de que si no se empieza a denunciar los certificados que están mal hechos su sentido se desvirtuará.
“No me gustaría que se quedara en un proceso burocrático más”, pide José Manuel Pinazo, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y uno de los profesionales con mayor prestigio en climatización de edificios. “El certificado no es solo una letra, también son los consejos que incluye el técnico para conseguir un ahorro energético”, reivindicaba.
El certificado lo tiene que firmar un técnico superior que debería visitar la vivienda para evaluar la calidad de los cerramientos, el consumo de energía de los electrodomésticos o el grosor de las paredes.
El problema de la picaresca es que muchos certificados, aún respaldados por un profesional habilitado, se están haciendo sin tan siquiera realizar ese trabajo de campo, seleccionando las opciones que vienen por defecto en los programas informáticos de tal forma que se encuentran online, sin visita o con información telefónica algunas ofertas que llegan a ofrecer la máxima calificación permitida: la A cuando en los sistemas que se han utilizado para construir las viviendas en España esa calificación es prácticamente imposible.
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