Ayer durante la presentación del libro Sin complejos, de Borja Sémper (PP vasco), el ministro de Justicia, negó la necesidad de regular el papel del príncipe en momentos como el actual, pero minutos después, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, apoyaba un debate sobre esta norma evitada durante 35 años apelando a la "modernización de las instituciones".
Esto sólo es la punta de un iceberg del que cada vez vemos más partes. El ministro de Justicia ya protagonizó una controversia mucho más enconada cuando anunció a bombo y platillo una reforma de la ley del aborto más restrictiva aún que la de 1985.
El malestar que generó esta propuesta en las filas del PP -que creen que el ministro fue demasiado lejos en su esfuerzo por contentar a los grupos pro-vida y a la Conferencia Espiscopal- le obligó a posponer la modificación de la ley de 2010, aunque ha anunciado ya que este año tendremos nuevo proyecto de ley que mantendrá presumiblemente el tercer supuesto aunque con matices.
Cristóbal Montoro soportaba ayer también la contestación dentro de sus propias filas, cuando el presidente valenciano, Alberto Fabra, anunció en las Cortes autonómicas su intención de rebajar los impuestos.
Toda una respuesta en sentido opuesto a las políticas del ministro de Hacienda, que haciendo trizas los compromisos del programa electoral del PP, optó por subírselos a los españoles y que tampoco es una novedad: en junio, el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, anunció rebajas fiscales, y este mismo mes, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la alcaldesa de la capital, Ana Botella, se comprometieron a hacer lo mismo.
A la polémica por las subidas o bajadas de impuestos, suma el debate sobre el déficit a la carta para las autonomías o la financiación autonómica, sobre todo, ahora que entre los presidentes del PP, hay sospechas fundadas de que se quiera beneficiar a Cataluña en este sentido para aplacar las ansias soberanistas de Artur Mas.
El desencuentro del ministro de Educación, José Ignacio Wert, con el PP -al que no pertenece- ya viene de lejos. El diseño de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) fue un auténtico suplicio para los responsables del PP en las comunidades autónomas, que apenas fueron informados de las intenciones de Wert y se encontraron con contenidos inasumibles para sus intereses.
Concretamente, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, llegó a anunciar públicamente en diciembre de 2012 su intención de presentar una "queja" ante el titular de Educación, Cultura y Deporte por no haber informado a su partido de la inclusión de la imposición del castellano en la Comunidad dentro de la última versión de la LOMCE.
Las protestas culminaron con la marcha atrás del ministro en varios puntos del texto de la LOMCE.
Ana Mato es otra espina reconocida del PP. A los asuntos de gestión del Departamento que dirige, el de Sanidad -el copago farmacéutico ya ha sido contestado por varios barones, como el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera-, la ministra suma su delicada situación en el entramado corrupto Bárcenas-Gürtel con o sin su exmarido, Jesús Sepúlveda, pues pocos en el partido admiten ya que, estando en la piel de Mato y con todo lo que se ha publicado sobre los pagos de la trama al ocio de la familia Sepúlveda-Mato, habrían actuado como ella: con la máxima, silencio y a mantenerse.
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No(
