En una entrevista en Bloomberg TV durante su estancia en Nueva York, el jefe del Ejecutivo ha admitido que algunos de los apuntes publicados en los llamados papeles de Bárcenas eran "ciertos", pero ha insistido que la "inmensa mayoría no lo son".
Dicho esto, ha recordado que él ya se explicó con "meridiana claridad" durante "algo más de cinco horas" en la sesión extraordinaria celebrada en el Senado el 1 de agosto. "Ahora está en manos de los tribunales y no han imputado absolutamente a ninguna persona y, por lo tanto, estamos muy tranquilos en relación con este asunto", respondía.
Y en cuanto al elevado número de españoles que, según un sondeo, considera que no ha sido sincero en relación con la financiación del PP, Rajoy ha afirmado que él trabaja "siempre" para darle la vuelta a las previsiones.
"Dije que íbamos a trabajar para darle la vuelta a las previsiones económicas y ahora vamos a trabajar para darle a vuelta a algunas cosas que están instaladas en el conjunto de la sociedad española", subrayaba para volver a insistir en que en este caso hay dos cosas "importantes": la primera, esperar a ver qué dicen los tribunales, y la segunda, poner en marchar un paquete de medidas para mejorar la lucha contra la corrupción.
Al ser preguntado si presentaría su dimisión en caso de que se demostrara que hubo fondos ilegales en sus campañas electorales, el presidente del Gobierno ha respondido que "hay cosas que no se pueden demostrar" y, por lo tanto, no tiene sentido hablar de lo que se puede o debe hacer si se demostrara.
"No hubo financiación ilegal", sentenciaba a continuación y sobre si tiene previsto despedir a alguien del PP si se confirma que ha habido destrucción de pruebas de los ordenadores empleados por el extesorero Luis Bárcenas, Rajoy ha dicho desconocer que se haya producido "ninguna destrucción de pruebas".
Pero Izquierda Plural insiste
Izquierda Plural (IU-ICV-EUiA-Cha) presentó este miércoles un recurso a la Mesa del Congreso para que reconsidere su decisión de vetar la moción en la que pedía el rechazo de la Cámara "al comportamiento del presidente del Gobierno", Mariano Rajoy, durante su intervención de principios de agosto "al quedar en entredicho las manifestaciones vertidas en sede parlamentaria sobre su relación con Luis Bárcenas y la supuesta trama de financiación ilegal del PP".
El grupo que lidera el coordinador federal de IU, Cayo Lara, decidía, en contra de lo previsible, no mover ni una coma de la moción al considerar que la decisión de la Mesa ─ donde el PP hace valer el rodillo de su mayoría absoluta─ el lunes por la noche se basó en "un juicio de valor arbitrario y partidista".
En concreto, en el caso de la de la Izquierda Plural, el razonamiento de la mesa fue que los términos de la moción es contraria al artículo 184.2 del reglamento y puede considerarse una "moción de censura encubierta".
En este artículo se establece que "el Grupo Parlamentario interpelante o aquel al que pertenezca el firmante de la interpelación, deberá presentar la moción en el día siguiente al de la sustanciación de aquélla ante el Pleno. La moción, una vez admitida por la Mesa, se incluirá en el orden del día de la siguiente sesión plenaria, pudiendo presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la misma. La Mesa admitirá la moción si es congruente con la interpelación".
IU considera que la moción es totalmente congruente con la interpelación ya que esta versaba sobre "regeneración democrática y lucha contra la corrupción política" pues en su moción, además de pedir que se censuren las explicaciones de Rajoy sobre el caso Bárcenas ─tema de corrupción política que afecta al PP y por tanto al partido del Gobierno─ solicitaba otras medidas sobre la modificación del reglamento, la financiación de los partidos y la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal.
Sobre la consideración de esta iniciativa como una "moción de censura encubierta", no pueden caber muchas dudas de que se trata un juicio meramente subjetivo.
"La Mesa vuelve a establecer un filtro previo a las iniciativas parlamentarias a través de un juicio de valor o de oportunidad política que ejerce la mayoría de la Mesa que se corresponde con la mayoría parlamentaria y que en la práctica es un bloqueo sistemático", denuncia IU.
La formación dirigida por Cayo Lara añade que "en el presente caso, la Mesa emite un juicio de valor arbitrario y partidista al considerar que la Moción presentada por nuestro Grupo sobre “regeneración democrática y lucha contra la corrupción política” se trata de una moción de censura encubierta.
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