La prórroga de la central nuclear de Almaraz por tres años costaría a los consumidores 3.831 millones de euros y provocaría pérdidas de inversión en energías renovables de hasta 26.129 millones hasta 2033, según un informe elaborado por Greenpeace y universidades españolas. Mantener la planta abierta incrementaría la factura eléctrica y la dependencia del gas, además de frenar la transición hacia energías limpias. El análisis indica que el 96,4% de la electricidad generada por Almaraz podría ser reemplazada por fuentes renovables tras su cierre, garantizando así el suministro eléctrico sin aumentar las emisiones. La decisión empresarial de solicitar la prórroga responde más a intereses económicos que a criterios de seguridad, lo que plantea un dilema entre beneficios inmediatos y sostenibilidad a largo plazo.
