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Autoconsumo

12/08/2025@23:27:58

Greenpeace ha exigido al Gobierno más medidas contundentes contra el oligopolio energético, tras valorar positivamente el nuevo decreto antiapagones que limita su poder. La organización ecologista critica la falta de impulso al autoconsumo y la eliminación de la Evaluación de Impacto Ambiental para baterías hibridadas con renovables, considerándola peligrosa. Greenpeace solicita la publicación de los nombres de las centrales nucleares y de gas que no respondieron durante el apagón, abogando por mayor transparencia. Además, destaca la necesidad de acelerar la transición energética y regular aspectos como el autoconsumo y el uso especulativo de las hidroeléctricas.

Greenpeace ha expresado su descontento tras el rechazo del decreto antiapagones en el Congreso, señalando que contenía medidas esenciales para acelerar la transición energética y fomentar el autoconsumo. La organización ecologista exige una nueva propuesta que limite el poder de las grandes compañías eléctricas y aborde temas cruciales como la separación de actividades energéticas y la regulación del uso especulativo de centrales hidroeléctricas. Además, Greenpeace propone incluir medidas clave para un sistema eléctrico sostenible, como un mercado de capacidad exclusivo para plantas renovables y la normalización de carga bidireccional para vehículos eléctricos. La ONG subraya la urgencia de un consenso político para transformar el sistema energético actual hacia uno más limpio y accesible.

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La Alianza por el Autoconsumo ha presentado en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) para mejorar la regulación del autoconsumo energético en España. Esta iniciativa busca actualizar la normativa española a las necesidades actuales de la transición energética y facilitar el acceso a la energía limpia. A pesar del crecimiento del autoconsumo tras la derogación del impuesto al sol en 2018, el desarrollo se ha estancado, especialmente en edificios residenciales. La PNL propone cambios como permitir compartir excedentes, aumentar distancias entre generación y consumo, y regular el almacenamiento distribuido. Se espera que esta propuesta reciba apoyo unánime de los partidos políticos, reflejando un amplio consenso social sobre la necesidad de modernizar la normativa para democratizar el acceso a la energía.