Congreso

Hay fechas que deberían pesar más de lo que pesan. El 26 de febrero de 1976 España abandonó el Sáhara Occidental y, con él, a decenas de miles de personas que hasta ese momento habían sido, jurídicamente, tan españolas como cualquiera nacido en Madrid o en Cádiz. Tenían DNI español. Estaban censadas. Habían nacido en una provincia del Estado. Y de un día para otro, sin que nadie les preguntara, dejaron de tener un país. Cincuenta años después, el Congreso está a punto de reconocer, a medias, con matices y con demasiada lentitud, lo que nunca debió necesitar reconocimiento: que esa gente es, por derecho, española.

Junts ha intensificado la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez al registrar una enmienda en el Congreso que obligará a todos los grupos políticos a pronunciarse sobre la posibilidad de adelantar las elecciones generales. Esta iniciativa surge ante lo que Junts califica como "extrema debilidad política" del Ejecutivo, y busca forzar una votación sobre la disolución de las Cortes. La moción, que se debatirá el próximo 18 de junio, podría evidenciar la falta de apoyo parlamentario del Gobierno si no logra salir adelante. La propuesta está vinculada a una moción del PP que critica la gestión del Gobierno y los casos de corrupción asociados al PSOE.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha otorgado la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social a los Servicios Sociales de los municipios afectados por la DANA. Este reconocimiento se anunció durante el congreso estatal ‘Los cuidados que queremos’ en Valencia, donde se discutió el papel de los servicios sociales ante la emergencia climática. Bustinduy destacó la labor ejemplar de estos servicios en situaciones críticas y subrayó la importancia de integrar una dimensión social en las políticas climáticas para abordar las desigualdades existentes. Además, se prevé un informe conjunto con el Ministerio de Sanidad sobre vulnerabilidad social y crisis climática.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha solicitado un Pacto de Estado contra los discursos de odio en una manifestación ante el Congreso de los Diputados en Madrid, con motivo del Día contra la LGTBIfobia. La presidenta Paula Iglesias destacó el alarmante aumento de la violencia hacia las personas LGTBI+, señalando que en 2024, 1 de cada 10 personas LGTBI+ fue agredida y en 2026, esa cifra se elevó a 1 de cada 4. A pesar de que España ocupa el primer lugar en el ranking de ILGA Europa por sus derechos LGTBI+, la Federación enfatiza que aún no se ha alcanzado la igualdad real y que es urgente implementar medidas efectivas para combatir el odio y la violencia.

El Congreso de España busca reformar su reglamento para introducir sanciones más severas tras el incidente protagonizado por el diputado de Vox, José María Sánchez. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha solicitado la colaboración de los grupos parlamentarios para endurecer las normas ante comportamientos que atentan contra los valores democráticos. Mientras que todos los partidos, excepto el PP y Vox, apoyan esta iniciativa, el PP se opone argumentando que hay reformas más prioritarias. La situación ha generado un debate sobre la necesidad de aplicar sanciones más estrictas en casos similares en el futuro.

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, compareció en el Congreso para explicar las acciones del organismo tras el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que dejó 46 muertos. Durante su intervención, defendió que Adif activó su plan de emergencias y tuvo conocimiento inmediato de la gravedad del incidente. Rechazó las afirmaciones sobre la falta de información y aseguró que se colaborará con la investigación judicial para determinar responsabilidades. La oposición, representada por PP y Vox, exigió dimisiones y criticó la gestión del mantenimiento ferroviario, vinculando el accidente a una supuesta corrupción y falta de atención a las advertencias previas. Otros grupos parlamentarios también manifestaron preocupaciones sobre el deterioro del servicio y la necesidad de un cambio en la política ferroviaria.

La Federación Estatal LGTBI+ celebra la reciente aprobación por el Congreso de la Ley Orgánica que modifica el Código Penal, tipificando como delito las pseudoterapias de conversión. Estas prácticas, que intentan cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona, serán castigadas con penas de prisión de 6 meses a 2 años. La presidenta de FELGTBI+, Paula Iglesias, destaca que esta ley representa un avance en la protección de los derechos LGTBI+ y un paso hacia la erradicación de prácticas consideradas tortura por organismos internacionales. A pesar de este progreso legal, Iglesias advierte que las agresiones al colectivo han aumentado y hace un llamado a continuar la movilización social para combatir la LGTBIfobia.

Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, expresó su profunda satisfacción tras la aprobación unánime por parte de todos los grupos del Congreso de una declaración institucional sobre el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán. Esta declaración, respaldada en la Comisión de Asuntos Exteriores, busca poner fin al conflicto militar entre ambos países y se fundamenta en principios del Derecho internacional, como la soberanía y la integridad territorial. Santiago destacó la importancia de avanzar hacia la liberación de prisioneros armenios y fomentar iniciativas que promuevan la estabilidad y cooperación regional en el Cáucaso Sur. La Comisión reafirmó su compromiso con la paz y animó a las partes a implementar el acuerdo de buena fe.

La Federación Estatal LGTBI+ respalda la proposición de ley que busca tipificar penalmente las prácticas de conversión, que ya están prohibidas administrativamente por la Ley LGTBI+. La presidenta Paula Iglesias destaca la necesidad de modificar el Código Penal para imponer penas de cárcel a quienes realicen estas prácticas, consideradas tortura por la ONU. A pesar de que España es reconocida como líder en derechos LGTBI+, se insiste en que aún persisten situaciones de violencia y tortura contra este colectivo. La federación también ha liderado una Iniciativa Ciudadana Europea para prohibir estas prácticas en toda la UE, evidenciando un fuerte apoyo social. Se espera que la votación en la Comisión de Igualdad se realice pronto para avanzar hacia una mayor protección de los derechos LGTBI+.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha generado controversia en el Congreso al mostrar un billete de 50 euros durante un debate sobre la prórroga de alquileres. Acusó a los diputados de Junts de votar en contra del decreto y cuestionó sus intereses empresariales, señalando que el 66% de sus votantes desaprueba su postura. Rufián también presentó comentarios recogidos en redes sociales instando a Junts a apoyar la medida, dejando claro que su rechazo afecta a millones de personas en situación de angustia vital. Su intervención provocó una avalancha de reacciones en redes sociales.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha rechazado incluir las propuestas del PP en el decreto anticrisis, argumentando que lo lógico sería que votaran a favor de su convalidación, dado que muchas medidas coinciden con las del Partido Popular. En respuesta a la portavoz del PP, Ester Muñoz, quien había solicitado un nuevo decreto y criticado el actual como insuficiente, Bolaños defendió que el contenido protege a familias vulnerables y sectores como la agricultura y la pesca. Además, subrayó la importancia de continuar apostando por energías renovables en lugar de cerrar centrales nucleares. La votación para la convalidación del decreto está programada para este jueves.

Vox enfrenta tensiones internas, con su líder Santiago Abascal desestimando las críticas de purgados que piden un congreso para discutir el rumbo del partido. Abascal califica estas demandas como "pijadas" y sostiene que los ataques provienen de externos que no soportan el éxito de Vox. Los exmiembros del partido, como Iván Espinosa de los Monteros, argumentan que las decisiones son arbitrarias y piden una reestructuración interna. Sin embargo, fuentes indican que Vox no tiene planes de convocar un congreso hasta 2028. La situación refleja una creciente disidencia en la formación política.

Izquierda Unida (IU) ha registrado en el Congreso una proposición de ley para el reconocimiento y equiparación de víctimas de crímenes cometidos por agentes del Estado. Esta iniciativa busca reparar la situación de víctimas excluidas, como la de Manuel José García Caparros, asesinado en 1977 durante una manifestación. La propuesta incluye reformas a las leyes existentes para reconocer a las víctimas de violencia policial, incluso aquellas ocurridas antes de 1983. IU considera que es crucial abordar estas lagunas legales y proporcionar un marco adecuado para la indemnización y reconocimiento de estas personas y sus familias. La ley también contempla indemnizaciones específicas para aquellos fallecidos en defensa de la democracia entre 1968 y 1983.