Congreso

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha solicitado un Pacto de Estado contra los discursos de odio en una manifestación ante el Congreso de los Diputados en Madrid, con motivo del Día contra la LGTBIfobia. La presidenta Paula Iglesias destacó el alarmante aumento de la violencia hacia las personas LGTBI+, señalando que en 2024, 1 de cada 10 personas LGTBI+ fue agredida y en 2026, esa cifra se elevó a 1 de cada 4. A pesar de que España ocupa el primer lugar en el ranking de ILGA Europa por sus derechos LGTBI+, la Federación enfatiza que aún no se ha alcanzado la igualdad real y que es urgente implementar medidas efectivas para combatir el odio y la violencia.

El Congreso de España busca reformar su reglamento para introducir sanciones más severas tras el incidente protagonizado por el diputado de Vox, José María Sánchez. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha solicitado la colaboración de los grupos parlamentarios para endurecer las normas ante comportamientos que atentan contra los valores democráticos. Mientras que todos los partidos, excepto el PP y Vox, apoyan esta iniciativa, el PP se opone argumentando que hay reformas más prioritarias. La situación ha generado un debate sobre la necesidad de aplicar sanciones más estrictas en casos similares en el futuro.

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, compareció en el Congreso para explicar las acciones del organismo tras el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que dejó 46 muertos. Durante su intervención, defendió que Adif activó su plan de emergencias y tuvo conocimiento inmediato de la gravedad del incidente. Rechazó las afirmaciones sobre la falta de información y aseguró que se colaborará con la investigación judicial para determinar responsabilidades. La oposición, representada por PP y Vox, exigió dimisiones y criticó la gestión del mantenimiento ferroviario, vinculando el accidente a una supuesta corrupción y falta de atención a las advertencias previas. Otros grupos parlamentarios también manifestaron preocupaciones sobre el deterioro del servicio y la necesidad de un cambio en la política ferroviaria.

La pregunta de Cayetana Álvarez de Toledo sobre la salud del presidente Pedro Sánchez ha generado descontento en el Partido Popular. Durante la sesión de control al Gobierno, Álvarez de Toledo solicitó que se desclasificara el historial médico de Sánchez, lo que provocó gestos de incomodidad entre sus compañeros de bancada. Pocos diputados aplaudieron su intervención, contrastando con el apoyo unánime recibido por Cuca Gamarra minutos antes. La situación evidenció tensiones internas en el PP y críticas hacia la estrategia de la exportavoz.

El Congreso de los Diputados ha apercibido al diputado de Vox, José María Figaredo, por utilizar su baja de paternidad para faltar a una votación y asistir a un mitin en León. El 12 de febrero, Figaredo solicitó el voto telemático alegando "tareas de paternidad", pero se encontraba en un acto donde promovía su postura negacionista sobre el cambio climático. A pesar de las críticas del PSOE, que lo acusan de fraude reglamentario, Figaredo ha evadido dar explicaciones claras sobre su ausencia en la Cámara. Este incidente pone de relieve la importancia del cumplimiento de las normas por parte de los representantes públicos.

El Congreso ha rechazado la propuesta de Vox para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, con 170 votos a favor y 177 en contra. Junts no apoyó la iniciativa, criticando su redacción y anunciando que presentará una propuesta propia. El PP respaldó la medida, argumentando que estas prendas son una "cárcel de tela" para las mujeres. La mayoría de los grupos parlamentarios denunciaron la propuesta por considerarla racista y xenófoba, señalando que busca recortar libertades. El PNV calificó las sanciones propuestas como desproporcionadas y abogó por un debate más riguroso sobre el uso de estas prendas en la sociedad actual.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha generado controversia en el Congreso al mostrar un billete de 50 euros durante un debate sobre la prórroga de alquileres. Acusó a los diputados de Junts de votar en contra del decreto y cuestionó sus intereses empresariales, señalando que el 66% de sus votantes desaprueba su postura. Rufián también presentó comentarios recogidos en redes sociales instando a Junts a apoyar la medida, dejando claro que su rechazo afecta a millones de personas en situación de angustia vital. Su intervención provocó una avalancha de reacciones en redes sociales.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha rechazado incluir las propuestas del PP en el decreto anticrisis, argumentando que lo lógico sería que votaran a favor de su convalidación, dado que muchas medidas coinciden con las del Partido Popular. En respuesta a la portavoz del PP, Ester Muñoz, quien había solicitado un nuevo decreto y criticado el actual como insuficiente, Bolaños defendió que el contenido protege a familias vulnerables y sectores como la agricultura y la pesca. Además, subrayó la importancia de continuar apostando por energías renovables en lugar de cerrar centrales nucleares. La votación para la convalidación del decreto está programada para este jueves.

Vox enfrenta tensiones internas, con su líder Santiago Abascal desestimando las críticas de purgados que piden un congreso para discutir el rumbo del partido. Abascal califica estas demandas como "pijadas" y sostiene que los ataques provienen de externos que no soportan el éxito de Vox. Los exmiembros del partido, como Iván Espinosa de los Monteros, argumentan que las decisiones son arbitrarias y piden una reestructuración interna. Sin embargo, fuentes indican que Vox no tiene planes de convocar un congreso hasta 2028. La situación refleja una creciente disidencia en la formación política.

Izquierda Unida (IU) ha registrado en el Congreso una proposición de ley para el reconocimiento y equiparación de víctimas de crímenes cometidos por agentes del Estado. Esta iniciativa busca reparar la situación de víctimas excluidas, como la de Manuel José García Caparros, asesinado en 1977 durante una manifestación. La propuesta incluye reformas a las leyes existentes para reconocer a las víctimas de violencia policial, incluso aquellas ocurridas antes de 1983. IU considera que es crucial abordar estas lagunas legales y proporcionar un marco adecuado para la indemnización y reconocimiento de estas personas y sus familias. La ley también contempla indemnizaciones específicas para aquellos fallecidos en defensa de la democracia entre 1968 y 1983.

En una tensa sesión de control en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo exigió a Pedro Sánchez que desclasifique documentos más allá del 23F, incluyendo detalles sobre sus viajes en Falcon y contratos relacionados con corrupción. Sánchez respondió acusando a Feijóo de leer "una sarta de mentiras" y cuestionó su oposición a la transparencia. El cruce de reproches destacó las diferencias entre ambos líderes, con Feijóo criticando la gestión de Sánchez en temas como la corrupción y los accidentes ferroviarios, mientras que Sánchez defendió su gobierno señalando logros económicos y laborales. La confrontación refleja un clima político tenso en España, donde ambos partidos se acusan mutuamente de falta de responsabilidad y transparencia.

El Partido Popular (PP) ha intensificado sus ataques contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, exigiendo su dimisión por supuestamente encubrir un caso de agresión sexual relacionado con el director adjunto operativo de la Policía Nacional. Durante una sesión en el Congreso, los miembros del PP acusaron a Marlaska de tener conocimiento de los hechos y no actuar, aunque no presentaron pruebas que respaldaran sus afirmaciones. El ministro respondió con firmeza, amenazando con acciones legales si se continuaban las acusaciones infundadas. El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, defendió a Marlaska y criticó la doble moral del PP en otros casos de acoso.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha sido reprobado en el Congreso por séptima vez, tras recibir el apoyo del PP y Vox, junto con la abstención de Junts, Podemos, BNG, Coalición Canaria y ERC. Esta censura se debe a su supuesta responsabilidad en recientes accidentes ferroviarios en los que fallecieron 47 personas. La propuesta de reprobación destaca su incumplimiento de leyes para mejorar la seguridad ferroviaria y la falta de actualización de protocolos de inspección y mantenimiento.