El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de medidas urgentes en respuesta al impacto de la guerra en Oriente Próximo, que incluye una bajada de impuestos sobre la luz y los combustibles, así como ayudas para los sectores más afectados. Durante una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, se aprobó un Real Decreto-ley que contempla 80 medidas con un coste superior a 5.000 millones de euros, beneficiando a millones de hogares y empresas en España. Las reformas incluyen la reducción del IVA en carburantes y electricidad, así como ayudas específicas para transportistas y agricultores. Además, se implementarán medidas estructurales para impulsar la soberanía energética y la transición hacia energías renovables. Sánchez destacó que estas acciones buscan mitigar el impacto económico del conflicto y proteger a los ciudadanos más vulnerables.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que consolida la gestión directa como modalidad preferente en la sanidad pública y deroga la Ley 15/1997 sobre nuevas formas de gestión. Este anteproyecto busca garantizar un sistema sanitario universal, equitativo y transparente, limitando la gestión indirecta a situaciones excepcionales y estableciendo procedimientos de evaluación rigurosos. Además, se refuerza el control institucional y la rendición de cuentas, promoviendo la buena gobernanza en todos los centros del SNS. La ley también regula específicamente los consorcios sanitarios y prioriza entidades sin ánimo de lucro en contrataciones futuras.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reafirmado la postura unificada del Gobierno de España, el sector agrario y las comunidades autónomas en defensa de una Política Agraria Común (PAC) robusta y con presupuesto suficiente para el periodo 2028-2034. Durante el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca celebrado en Bruselas, Planas destacó la importancia de mantener al menos los niveles de financiación actuales y se opuso a la renacionalización de aspectos de la PAC, enfatizando su carácter europeo. Este tema será central en los próximos debates del Consejo de Ministros de la Unión Europea.
El Gobierno español aprobará el próximo martes un proyecto de ley que reformará la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, otorgando a los fiscales la responsabilidad de la instrucción de los casos y excluyendo a los partidos políticos de la acusación popular. Esta nueva legislación, que entrará en vigor el 1 de enero de 2028, busca modernizar el proceso penal y garantizar la autonomía del fiscal general del Estado, cuyo mandato se ampliará a cinco años. Además, se establecerá un juez de garantías para supervisar las investigaciones penales y se simplificará el sistema de recursos. La reforma también incluye medidas para proteger a las víctimas y mejorar la lucha contra la criminalidad mediante nuevas herramientas tecnológicas.
El Consejo de Ministros de España ha aprobado un anteproyecto de Ley Orgánica que aborda la violencia vicaria, una forma de violencia que busca causar sufrimiento a las mujeres a través de sus seres queridos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó que esta ley pionera incluye la tipificación de la violencia vicaria como delito en el Código Penal, con penas específicas y medidas civiles reforzadas. El objetivo es visibilizar, prevenir y erradicar esta forma de violencia, modificando varias normas legales para proteger a las víctimas y garantizar su atención y reparación. La ley también establece la obligación de escuchar a los menores en casos de custodia y agiliza procedimientos relacionados con la patria potestad. Con estas medidas, España se posiciona como un referente en políticas de igualdad y defensa contra la violencia de género.
El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de más de 46 millones de euros provenientes de aportaciones obligatorias de la industria farmacéutica. Estos fondos se destinarán a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para fortalecer políticas de cohesión sanitaria, formación continua del personal del sistema público de salud y promover un uso racional de los medicamentos. La mayor parte del presupuesto, más de 43 millones, se invertirá en atención farmacéutica, sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y prevención de resistencias a antibióticos. Además, se asignarán recursos para el Plan Nacional de Donación de Médula Ósea y otras iniciativas relacionadas con trasplantes.
El Gobierno de España ha anunciado la ampliación del parque público de vivienda asequible, incorporando inmuebles procedentes del rescate bancario a una nueva empresa estatal de vivienda. Además, se ha impulsado la Ley de Consumo Sostenible, que promueve la reparabilidad de productos, prohíbe la publicidad de combustibles fósiles y regula la reventa de entradas. Esta iniciativa busca mejorar el acceso a viviendas asequibles y fomentar un consumo más responsable. Para más información, visita el enlace oficial.
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El Consejo de Ministros de España ha aprobado un nuevo real decreto que refuerza la universalidad en el acceso a la asistencia sanitaria pública, dirigido especialmente a personas extranjeras sin residencia legal en el país. Esta norma establece un procedimiento homogéneo para reconocer el derecho a la salud, facilitando su acceso mediante una declaración responsable y simplificando la acreditación de residencia. Se garantiza atención inmediata y se prioriza a colectivos vulnerables como menores, mujeres embarazadas y víctimas de violencia. Además, se amplía la protección a españoles de origen en el exterior durante sus visitas temporales. Con esta medida, se busca asegurar la equidad y mejorar el uso de recursos públicos en el Sistema Nacional de Salud.
España busca apoyo de varios Estados miembros de la Unión Europea para flexibilizar el reglamento de control pesquero. Durante una reunión en Bruselas, el ministro Luis Planas solicitó modificaciones a disposiciones que considera desproporcionadas y difíciles de cumplir. Propuso que las desviaciones menores a 50 kilos en las estimaciones de captura no se consideren infracciones graves. Además, destacó la importancia de revisar el reglamento del Mediterráneo para una gestión más eficiente de las pesquerías. En el ámbito de controles de importación, España aboga por reforzar la eficacia y armonización de los sistemas, apoyándose en la digitalización y formación. También se discutió la necesidad de proteger a los productores europeos frente a la competencia desleal en el etiquetado ecológico.
El Gobierno de España ha aprobado un techo de gasto de 216,177 millones de euros para los Presupuestos Generales del Estado de 2026, lo que representa un aumento del 8,5% respecto al año anterior. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado la importancia de estos presupuestos como una necesidad para mejorar la calidad de vida de los hogares. Este paso es crucial para la elaboración del proyecto presupuestario tras cuatro años sin nuevos presupuestos. El Gobierno también busca fomentar el diálogo con los partidos políticos para lograr su aprobación, a pesar de la falta de mayoría absoluta en el hemiciclo.
El Consejo de Ministros de España ha aprobado un anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó que esta modificación busca fortalecer los derechos de las mujeres y asegurar su acceso en condiciones de igualdad. El nuevo apartado reconoce explícitamente el derecho a la interrupción del embarazo y establece que los poderes públicos deben garantizarlo. Esta reforma responde a una necesidad urgente ante el contexto nacional e internacional que amenaza los derechos reproductivos. Además, se vincula este derecho al sistema público de salud, asegurando que cada comunidad autónoma disponga de un hospital público para realizar estas intervenciones. La reforma se tramitará mediante el procedimiento ordinario y podría requerir un referéndum si lo solicitan una décima parte de los parlamentarios.
El Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto que establece coeficientes reductores de la edad de jubilación para los bomberos forestales, reconociendo la dureza y peligrosidad de su trabajo. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, permite a los bomberos forestales reducir su edad de jubilación en hasta 3 años con un coeficiente reductor del 0,20, siempre que acrediten al menos 15 años de cotización. Además, se contempla la posibilidad de anticipar la jubilación hasta 5 o 6 años en ciertos casos. La normativa busca equiparar las condiciones de jubilación de este colectivo con las de otros cuerpos de bomberos.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece la capacidad ordinaria de las comunidades autónomas para la acogida de niños y niñas migrantes no acompañados. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado esta medida como un paso crucial para garantizar los derechos de la infancia migrante en España. La normativa fija una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes y permite que las comunidades que tripliquen su capacidad sean declaradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria, activando así protocolos de traslado. Esta iniciativa busca asegurar una acogida digna y solidaria para los menores que llegan solos al país.
El Gobierno de España ha reforzado la supervisión y la innovación del sistema eléctrico, según lo anunciado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros el 24 de junio de 2025. Además, se ha autorizado la operación de concentración del BBVA sobre el Banco Sabadell, estableciendo que ambas entidades mantendrán su personalidad jurídica y patrimonio separados durante tres años. Para más detalles, se puede consultar la referencia completa del Consejo de Ministros.
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