Contaminacion

Greenpeace celebra la histórica resolución de la Corte Internacional de Justicia, que establece que los Estados deben garantizar el derecho a un medio ambiente sano y tomar medidas contra la crisis climática. La CIJ exige el fin de las subvenciones a combustibles fósiles y prohíbe nuevas licencias de explotación. Además, impone a las empresas la obligación de reparar daños causados por sus emisiones. Esta decisión marca un cambio significativo en el derecho internacional, priorizando la protección del clima y los derechos humanos sobre los intereses económicos. La resolución también subraya que el incumplimiento de las obligaciones climáticas conlleva reparaciones plenas y ofrece una protección histórica a las comunidades más afectadas por el cambio climático.

Greenpeace ha exigido a la Unión Europea y al Gobierno español que asuman la responsabilidad de investigar el estado de 220.000 bidones con residuos radiactivos en la fosa atlántica, situada a 700 kilómetros de las costas gallegas. Esta solicitud surge tras estudios realizados por el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, que han revelado la presencia de estos barriles radiactivos. A pesar de los logros pasados en la prohibición de vertidos nucleares, Greenpeace advierte sobre la continua contaminación radiactiva en el mar y la necesidad urgente de una investigación exhaustiva para abordar esta problemática ambiental crítica.

Voluntarios de APNAL-Ecologistas en Acción Vinaròs han retirado 150 kg de residuos en la playa del Surrach, Benicarló, durante una actividad de limpieza. En solo 400 metros, se encontraron plásticos, envases y otros desechos, destacando la preocupación por la contaminación del mar Mediterráneo. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo continuo para concienciar sobre el impacto de los residuos en el medio ambiente y la biodiversidad. Se hace un llamado a la responsabilidad ciudadana y a las administraciones para abordar esta problemática.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se prepara para juzgar un caso histórico relacionado con los derechos fundamentales, en el que se cuestiona la inacción de las administraciones ante la contaminación provocada por la ganadería industrial. La demanda, presentada por nueve demandantes, entre ellos vecinos y organizaciones como Amigas de la Tierra y ClientEarth, busca responsabilizar a las autoridades por permitir la contaminación del embalse As Conchas en Ourense. Este juicio, programado para el 13 de junio, podría sentar un precedente jurídico importante en Europa sobre el impacto de la ganadería intensiva en los derechos humanos y obligar a las autoridades a tomar medidas frente a esta problemática que afecta a la comunidad desde hace más de una década.

Los últimos datos revelan que los alimentos cotidianos en España están contaminados por 130 plaguicidas, un aumento del 23% respecto al año anterior. El informe de Ecologistas en Acción destaca que el 41% de la fruta analizada presenta residuos de pesticidas, con 60 sustancias no autorizadas por la UE y 49 disruptores endocrinos. Además, se observa contaminación múltiple en el 24% de las muestras, lo que plantea serios riesgos para la salud pública. La organización exige medidas del Ministerio de Agricultura para garantizar alimentos libres de tóxicos y recomienda optar por productos locales y de temporada para reducir la exposición a plaguicidas. Para más información, visita el enlace a la noticia completa.

Greenpeace ha publicado un informe titulado "Oro tóxico" que revela la devastadora expansión de la minería ilegal de oro en la Amazonía, con más de 4.219 hectáreas destruidas en los últimos dos años. A pesar de los esfuerzos del gobierno brasileño, esta actividad sigue proliferando, afectando gravemente a comunidades indígenas como Yanomami, Munduruku, Kayapó y Sararé. El estudio destaca un aumento del 93% en la minería ilegal en el territorio Sararé y señala discrepancias alarmantes en los datos sobre comercio de oro entre Brasil y Suiza. Greenpeace advierte sobre el impacto ambiental y social de esta práctica, que contamina ríos y amenaza la biodiversidad. La reciente decisión del Tribunal Supremo Federal de Brasil para exigir verificación del origen del oro es un paso positivo, pero se requieren medidas adicionales para combatir eficazmente la minería ilegal.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, ha abogado por una estrategia global para reducir la contaminación del transporte marítimo internacional durante su reunión en Londres con el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez. Puente destacó la necesidad de acciones conjuntas a nivel global, ya que las regulaciones regionales son insuficientes y pueden afectar la competitividad del sector. España y otros países europeos han solicitado que las estrategias de todos los actores internacionales estén alineadas para evitar desvíos hacia puertos con menores exigencias climáticas. Además, se están elaborando medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte marítimo.

Greenpeace España ha presentado alegaciones al proyecto de orden ministerial que establece excepciones en la venta a granel de frutas y hortalizas, denunciando la inclusión injustificada de productos ecológicos envueltos en plástico. La organización exige una regulación más estricta para eliminar el uso de plásticos de un solo uso, resaltando que cada año se vierten más de 12 millones de toneladas de plástico en los océanos. Greenpeace propone reducir la lista de excepciones y priorizar la venta a granel y el uso de envases reutilizables o compostables, argumentando que es fundamental actuar con urgencia para frenar la contaminación plástica y promover un modelo alimentario sostenible.

El informe de Ecologistas en Acción revela que en 2024, dos tercios de la población española, es decir, 31 millones de personas, respiraron aire contaminado por encima de los nuevos límites legales establecidos por la Unión Europea para 2030. A pesar de una mejora general en la calidad del aire respecto a años anteriores, las áreas urbanas siguen incumpliendo los estándares de dióxido de nitrógeno (NO2), el principal contaminante relacionado con el tráfico. Las comunidades más afectadas incluyen Canarias y la Comunidad de Madrid, donde se registraron episodios críticos de contaminación. La organización destaca la necesidad urgente de implementar medidas efectivas y cumplir con los planes de calidad del aire para proteger la salud pública y el medio ambiente.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha solicitado el fin del "saqueo" de los océanos durante la apertura de la cumbre de la ONU en Francia. Destacó que la salud de los océanos es crucial para la estabilidad climática, la seguridad alimentaria y la equidad global. Los océanos absorben el 90% del exceso de calor generado por las emisiones de gases de efecto invernadero, pero enfrentan graves amenazas como la sobrepesca, el aumento de temperaturas, la contaminación por plásticos y la acidificación. Es esencial tomar medidas urgentes para proteger estos ecosistemas vitales.

Cada persona consume más de 50.000 partículas de plástico al año, según un informe reciente. A nivel global, se producen más de 400.000 toneladas de plástico anualmente, de las cuales menos del 10% se recicla. Alarmantemente, 11 millones de toneladas de plástico terminan en lagos, ríos y mares cada año, lo que equivale al peso de aproximadamente 2200 torres Eiffel. Este problema ambiental exige una urgente atención y acción para reducir la contaminación plástica en nuestros ecosistemas.

Investigadores del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), junto con el IRTA, Eurecat y empresas como Facsa, han desarrollado una innovadora tecnología verde para el tratamiento de aguas subterráneas contaminadas. Este sistema combina microalgas y un biofiltro de corcho y madera, logrando eliminar hasta un 98% de nitratos y más del 90% de pesticidas y antibióticos. La investigación se centra en zonas rurales afectadas por la contaminación agrícola, ofreciendo una alternativa sostenible y económica frente a métodos convencionales. El proyecto Life SPOT, iniciado en 2019, tiene el potencial de beneficiar a 20 millones de personas en Europa.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, aboga por una estrategia global para reducir la contaminación del transporte marítimo internacional durante su reunión con Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), en Londres. Puente destaca la necesidad de acciones conjuntas a nivel global para mitigar el impacto ambiental del sector y evitar desvíos de tráfico hacia puertos con regulaciones menos estrictas. También se están desarrollando medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y abordar la problemática de la "flota oscura". La OMI tiene un papel crucial en la regulación y protección del transporte marítimo y la prevención de la contaminación.