El Gobierno de España ha autorizado la contratación de un servicio integral de seguimiento telemático para maltratadores, con un presupuesto que puede alcanzar hasta 111 millones de euros. Este acuerdo, aprobado por el Consejo de Ministros, tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en casos de violencia de género y sexual. El contrato inicial es por 36 meses, con posibilidad de prórrogas que extenderían su duración hasta 60 meses. Las mejoras incluyen la adquisición de 17,660 dispositivos, principalmente tobilleras, con características avanzadas para evitar manipulaciones y asegurar la protección de las víctimas. Además, se implementarán sistemas de alerta y control en tiempo real, así como atención especializada para las víctimas. Este nuevo enfoque busca fortalecer la seguridad y el seguimiento en casos de violencia, mejorando los mecanismos existentes y garantizando una respuesta más efectiva ante situaciones críticas.
