Movistar Plus+ estrenará el 11 de diciembre 'La sombra del emperador', un documental dirigido por Marcel Barrena que aborda la mayor operación policial contra el fraude fiscal en España. La serie, basada en una investigación de Daniel Campos y con guion de Enric Álvarez, reconstruye la Operación Emperador, que reveló una vasta red de blanqueo y corrupción. A través de tres episodios, se explorarán los detalles de esta investigación histórica, que involucró a cientos de agentes y resultó en más de 100 detenidos y un fraude superior a 1.200 millones de euros. La producción promete ofrecer una mirada profunda sobre los entresijos del poder y la corrupción en el país.
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien deberá enfrentar un juicio tras rechazar su recurso de apelación. González Amador está acusado de varios delitos, incluyendo fraude fiscal y falsedad documental, por presuntamente defraudar a Hacienda más de 350.000 euros entre 2020 y 2021 mediante un entramado de facturas falsas. La Fiscalía solicita para él una pena de tres años y nueve meses de cárcel, mientras que la acusación popular pide cinco años. Además, se encuentra implicado en una investigación por corrupción relacionada con sus negocios.
El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del Partido Popular, Elías Bendodo, ha denunciado la nueva tasa de basura impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, calificándola como un "tasazo". El PP planea presentar mociones en los ayuntamientos para exigir su derogación. Bendodo argumenta que esta tasa no es una exigencia de la Unión Europea, sino una imposición del gobierno español. Además, critica las numerosas subidas de impuestos bajo la administración de Sánchez y resalta la falta de apoyo financiero a los municipios. También hace un llamado a los socios del Gobierno para que reconsideren su apoyo ante lo que considera un Ejecutivo corrupto.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha respondido a Pedro Sánchez tras su anuncio de declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática. Ayuso calificó al presidente del Gobierno como un "socialista autócrata" que intenta "resucitar las dos Españas". A través de redes sociales, ironizó sobre la placa que se colocará en el edificio, sugiriendo que ya tienen un texto preparado para recordar su historia. La Comunidad de Madrid ha anunciado un recurso contencioso-administrativo contra esta declaración, argumentando que el expediente está fuera de plazo y criticando la medida como una cortina de humo para desviar la atención de otros problemas.
Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, ha calificado de "injerencia preocupante" las declaraciones del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en relación a la situación del ex ministro José Luis Ábalos. Santiago criticó que un juez intente aplicar la ley a su antojo y subrayó que los jueces deben limitarse a aplicar la legislación establecida por las instituciones democráticas. Además, hizo un llamado a reformar el acceso judicial para garantizar el respeto entre los poderes del Estado. También abordó la falta de interés del Partido Popular en perseguir la corrupción, destacando la necesidad de actuar con rapidez y rigor en estos casos.
Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ha anunciado que el presidente Pedro Sánchez comparecerá el 30 de octubre en la Comisión de Investigación del Senado. Durante una rueda de prensa, García afirmó que "el tiempo del silencio se ha terminado" y destacó que no habrá excusas para Sánchez, quien deberá responder por su implicación en una supuesta trama de corrupción relacionada con el PSOE. La dirigente del PP criticó la gestión de Sánchez, señalando que su entorno está bajo sospecha y que ha convertido La Moncloa en un refugio para imputados. Además, mencionó indicios documentados sobre la financiación ilegal del partido y cuestionó si el PSOE proporcionará los justificantes necesarios para aclarar las acusaciones.
La Abogacía del Estado ha solicitado el archivo de la pieza separada contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, al no encontrar elementos que sustenten un delito de malversación. El escrito argumenta que Gómez no es funcionaria pública y, por lo tanto, no puede ser acusada de dicho delito. Además, se destaca que las funciones desempeñadas por su asesora, Cristina Álvarez, se limitan a tareas inherentes a su cargo y no han causado perjuicio al erario público. Esta decisión se produce en un contexto donde Begoña Gómez ha sido citada varias veces por el juez Juan Carlos Peinado para abordar diversas acusaciones relacionadas con tráfico de influencias y corrupción.
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El Partido Popular ha solicitado a la Audiencia Nacional que impida al PSOE actuar como acusación popular en el caso Koldo, argumentando que es contradictorio que un partido investigado pueda ejercer esta función. Esta petición surge tras la apertura de una pieza separada para investigar pagos en metálico del PSOE al ex ministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. El PP sostiene que la participación del PSOE como acusación podría afectar la imparcialidad del proceso penal, dado que está bajo investigación por posibles irregularidades en esos pagos. Las indagaciones revelaron que algunos de estos pagos no estaban debidamente justificados.
Una operación internacional ha desarticulado una organización criminal que manipulaba resultados de partidos de tenis para amañar apuestas, asegurando grandes ganancias a sus clientes entre 2018 y 2024. La Policía Nacional, en colaboración con EUROJUST y autoridades de Francia, Bulgaria, Rumanía y España, detuvo a 16 personas en estos países. Las investigaciones revelaron un sistema complejo donde jugadores de alto rango perdían deliberadamente sets o partidos, lo que generó sospechas tras el análisis de patrones de apuestas inusuales. La red operaba principalmente desde Bulgaria y se identificaron ganancias por valor de 800.000 euros derivadas del amaño.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido a Pedro Sánchez sobre su comparecencia en el Senado, afirmando que si miente enfrentará consecuencias legales y si dice la verdad, también. Feijóo enfatiza que no podrá evadir la responsabilidad y que eventualmente tendrá que rendir cuentas. Además, el líder del PP se compromete a hacer las preguntas que los periodistas no han planteado a Sánchez y critica al gobierno por su manejo de la corrupción y la falta de apoyo a los ciudadanos. Subraya la necesidad de un cambio político en España hacia un gobierno más transparente y responsable, y se compromete a trabajar por una financiación equitativa para Aragón y otros temas cruciales.
La Fiscalía ha acusado a Leire Díez, vinculada al PSOE, de liderar un "plan delictivo" con el objetivo de desacreditar a la Fiscalía Anticorrupción y a la Guardia Civil. Según el sumario del caso, Díez y el empresario Javier Pérez Dolset intentaron sobornar a dos fiscales para obtener información que perjudicara a estas instituciones. Los fiscales denunciantes relatan intentos de manipulación de pleitos que involucran tanto a políticos como a empresarios, buscando anular investigaciones relevantes. La Fiscalía considera que existe una conexión evidente entre los denunciados y sus acciones presuntamente coordinadas para desprestigiar a los jefes de la UCO y de Anticorrupción.
El último juicio de la trama Gürtel se celebra en la Audiencia Nacional, donde 26 acusados, incluyendo a Francisco Correa, enfrentan cargos por delitos fiscales, blanqueo de capitales y falsedad documental. Este proceso judicial marca el cierre de una investigación que ha durado 16 años y ha implicado a numerosos políticos del PP. Correa y otros acusados han alcanzado acuerdos con la Fiscalía para reducir sus penas a cambio de reconocer los hechos. El juicio se extenderá hasta el 20 de noviembre y representa un momento crucial en la lucha contra la corrupción en España. El Partido Popular defiende que ya ha asumido responsabilidades políticas por este caso y pide mayor rapidez en la justicia.
Santos Cerdán, exsecretario general del PSOE, ha solicitado al juez del Tribunal Supremo que investigue por qué el Partido Popular (PP) conocía un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) antes de su entrega oficial. Cerdán argumenta que Miguel Tellado, secretario general del PP, hizo comentarios sobre el informe horas antes de su presentación, lo que sugiere una posible filtración y una relación entre la Policía Judicial y el PP. El informe en cuestión detalla irregularidades financieras relacionadas con José Luis Ábalos, quien está siendo investigado por presuntas mordidas en adjudicaciones de obras públicas. Los investigadores han encontrado más de 60.000 euros en ingresos en efectivo no declarados por Ábalos entre 2014 y 2024.
El gobierno predica prosperidad mientras crecen la inflación, los desahucios o la deuda.
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