DANA

La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha decidido no imputar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, en relación con la gestión de la DANA. En su auto, critica severamente el informe de la Guardia Civil, calificándolo de "erróneo" e "incompleto". La magistrada argumenta que el informe no cumplía con lo solicitado y se basa en teorías superadas, como la del "apagón informativo". Además, destaca que el análisis de negligencias corresponde exclusivamente a la jurisdicción y no a la Policía Judicial. La jueza subraya que el informe carece de elementos probatorios suficientes y omite comunicaciones relevantes sobre la evolución meteorológica durante los eventos críticos.

El programa 'Y ahora Sonsoles', presentado por Sonsoles Ónega, ha cerrado su tercera temporada como el magacín diario más visto de la televisión en España, liderando las tardes de Antena 3 con una media del 10,5% de cuota de pantalla. Con más de 800.000 espectadores diarios y un notable seguimiento en diversas comunidades autónomas, el programa ha demostrado su capacidad para mantenerse en la cima a pesar de la competencia. Su éxito se debe a un variado equipo de colaboradores y su enfoque en la actualidad, análisis y entretenimiento. A lo largo de la temporada, 'Y ahora Sonsoles' ha abordado temas relevantes y ha contado con emotivas entrevistas, consolidándose como un referente en las tardes televisivas.

La Audiencia de Valencia ha confirmado la imputación del ex número 2 de Emergencias, Emilio Argüeso, en relación con la causa abierta por las 228 muertes y lesiones causadas por las inundaciones de la DANA. Junto a Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, son los únicos investigados hasta el momento. La decisión se basa en la necesidad de esclarecer las responsabilidades en la gestión de emergencias durante el desastre, que incluyó una tardanza de una hora en enviar alertas a la población. La Audiencia desestimó el recurso de apelación presentado por Argüeso, reafirmando que la investigación es razonable y necesaria.

Més-Compromís ha aprobado la salida de la diputada Àgueda Micó del grupo Sumar, trasladándose al Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados. Esta decisión, respaldada por el 92,68% de los miembros del Consell Nacional de Més, se produce tras el descontento con la negativa de Sumar a solicitar la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en una comisión sobre la DANA. Antes de formalizar su salida, Compromís planea realizar una Ejecutiva para intentar convencer a Iniciativa de que su diputado Alberto Ibáñez también abandone Sumar. Esta ruptura refleja tensiones internas dentro de Compromís y la falta de acuerdo sobre la reevaluación del pacto con Sumar.

Compromís ha decidido no romper su relación con Sumar, a pesar de las tensiones internas, y revisará el pacto con la coalición esta semana. La formación busca establecer un nuevo marco que garantice la plena autonomía de sus miembros y relaciones horizontales en un grupo confederal. Esta decisión se produce tras discrepancias sobre la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en una comisión de investigación sobre la DANA. Compromís mantiene su objetivo de fortalecer su perfil político y asegurar una relación directa con el Gobierno para abordar la recuperación tras la catástrofe. La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, se muestra optimista ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo que mantenga la cohesión dentro del grupo.

Nahuel González, diputado de Izquierda Unida y nuevo vicepresidente de la Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis de la DANA, se ha comprometido a esclarecer las causas de las 228 muertes ocurridas en octubre. Durante su primera reunión, enfatizó la necesidad de conocer la verdad y responsabilizar a quienes fallaron en su deber durante la catástrofe. González destacó que, aunque algunos daños eran inevitables, muchas muertes podrían haberse evitado con una mejor gestión. Hizo un llamado a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, para que colabore con la investigación y rindan cuentas aquellos responsables de la tragedia. La población valenciana exige justicia y respuestas claras sobre lo sucedido.

Rusia ha aprovechado la tragedia de la DANA para difundir desinformación y crear un ecosistema de propaganda que busca sembrar desconfianza en las instituciones españolas, según el informe de Seguridad Nacional 2024. Actores prorrusos han amplificado narrativas que presentan a España como un país "sumido en el caos", utilizando redes sociales y técnicas sofisticadas, incluyendo inteligencia artificial, para propagar bulos. Este fenómeno se intensificó tras la invasión de Ucrania, donde Rusia ha adaptado sus estrategias para sortear sanciones y alcanzar al público español.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha fallado a favor de Compromís, permitiendo el acceso a documentos sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre que el Gobierno de Carlos Mazón había denegado. Los magistrados consideran que se vulneró el derecho fundamental de los parlamentarios al acceso a información pública. Sin embargo, el tribunal rechazó solicitudes para acceder a registros de llamadas y grabaciones de cámaras de seguridad, argumentando que estas peticiones podrían afectar derechos como el secreto de las comunicaciones y la protección de datos personales. Las sentencias pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo.

El Partido Popular ha bloqueado nuevamente la comparecencia de las víctimas de la DANA en el Parlamento Europeo, a pesar de las solicitudes de las asociaciones afectadas. Este miércoles, el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, impidió que las víctimas tuvieran un papel destacado en la comisión de investigación, limitando su testimonio al mismo nivel que el de cualquier particular. Las críticas del PSOE han sido contundentes, calificando esta actitud como decepcionante y un intento de silenciar a quienes han perdido todo. A ocho meses de la tragedia que dejó 228 muertos en Valencia, las víctimas esperan ser escuchadas para dirimir responsabilidades políticas sobre la gestión del desastre.

La ciudadanía de Valencia ha expresado su indignación hacia Carlos Mazón, president de la Generalitat, durante la inauguración de un tramo del Metro recuperado tras la devastadora DANA que dejó más de 200 víctimas mortales. Con gritos de "Mazón dimisión" y acusaciones de "criminal" y "asesino", los asistentes manifestaron su descontento por su gestión tras la catástrofe ocurrida hace ocho meses. A pesar de las críticas, Mazón continúa en el cargo y defiende su actuación, mientras se investiga su responsabilidad en la tragedia. La jueza encargada del caso ha rechazado elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia para su posible imputación.

El Gobierno de España ha ejecutado 7.400 millones de euros en las zonas afectadas por la DANA, lo que representa el 90% de los fondos destinados por todas las administraciones. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reafirma el compromiso del Gobierno en la recuperación de estas áreas. Esta inversión es parte de un esfuerzo continuo para apoyar a las comunidades impactadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido en Valencia con las asociaciones de víctimas de la DANA, un encuentro muy esperado por los afectados tras la tragedia ocurrida el 29 de octubre. Durante la cita, que tuvo lugar en la delegación del Gobierno, Sánchez estuvo acompañado por varios miembros de su gabinete. Las víctimas han expresado su descontento con el trato recibido por parte de las instituciones, especialmente la Generalitat Valenciana. A pesar de que este encuentro no fue solicitado oficialmente, refleja la necesidad de atención a las demandas de los afectados. La reunión se produce casi siete meses después de las riadas y en un contexto donde las reivindicaciones continúan siendo urgentes.

Luis Planas destaca las iniciativas del Gobierno para acelerar la recuperación de las explotaciones agrarias en Valencia afectadas por la DANA. Hasta la fecha, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destinado 69,6 millones de euros a fondo perdido para apoyar a 8.335 agricultores que han experimentado pérdidas en su producción. Esta medida busca mitigar el impacto de los desastres naturales en el sector agrícola.