DANA

La jueza Nuria Ruiz Tobarra investiga la muerte de 37 personas dependientes que utilizaban el servicio de teleasistencia de la Generalitat, fallecidas durante la DANA del 29 de octubre de 2024. La magistrada ha solicitado a la Vicepresidencia Primera del Consell y a la Conselleria de Servicios Sociales un listado detallado de las víctimas y los protocolos de actuación implementados para proteger a los usuarios en situaciones de catástrofe. Además, requiere información sobre las órdenes dadas a la empresa prestataria del servicio y los mensajes de alerta enviados a los usuarios. La investigación busca esclarecer la gestión y respuesta ante esta tragedia natural.

Víctimas de la DANA se manifestaron ante Les Corts exigiendo la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al grito de "Mazón a prisión". Las asociaciones de afectados criticaron su gestión tras el trágico temporal que dejó 228 muertos. Durante la protesta, dos miembros de la Asociación de Víctimas Mortales asistieron al debate parlamentario como invitados por la oposición, expresando su descontento y demandando respuestas sobre las acciones de Mazón durante la catástrofe. La presidenta de una de las asociaciones enfatizó que su lucha continúa hasta que se haga justicia.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha solicitado a À Punt y a Emergencias de la Generalitat todas las grabaciones de la reunión del Cecopi del 29 de octubre, en el marco de la investigación sobre la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana. La cadena pública había esperado un requerimiento oficial para entregar el material, que incluye una grabación donde se discute la alerta que debía enviarse a la población. A pesar de que la alerta masiva no se emitió hasta las 20:11 horas, cuando muchas víctimas ya habían fallecido o desaparecido, À Punt había ofrecido colaborar pero temía vulnerar el secreto profesional sin un requerimiento judicial. Además, se ha revelado que otra cámara de la Agencia Valenciana de Seguridad también grabó parte de esa reunión.

Los audios revelan que Salomé Pradas, exconsellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, dio instrucciones sobre el contenido del mensaje de alerta masiva durante la DANA, contradiciendo su declaración ante la jueza. En una reunión del Cecopi, Pradas pidió incluir detalles sobre los canales de comunicación en la alerta que se enviaría a las 19:00, mientras que el mensaje no fue enviado hasta las 20:11, cuando muchas víctimas ya habían sido afectadas. Las imágenes cuestionan sus afirmaciones de que los técnicos eran responsables de la demora y destacan su papel activo en la gestión de emergencias.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha decidido no imputar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, en relación con la gestión de la DANA. En su auto, critica severamente el informe de la Guardia Civil, calificándolo de "erróneo" e "incompleto". La magistrada argumenta que el informe no cumplía con lo solicitado y se basa en teorías superadas, como la del "apagón informativo". Además, destaca que el análisis de negligencias corresponde exclusivamente a la jurisdicción y no a la Policía Judicial. La jueza subraya que el informe carece de elementos probatorios suficientes y omite comunicaciones relevantes sobre la evolución meteorológica durante los eventos críticos.

El programa 'Y ahora Sonsoles', presentado por Sonsoles Ónega, ha cerrado su tercera temporada como el magacín diario más visto de la televisión en España, liderando las tardes de Antena 3 con una media del 10,5% de cuota de pantalla. Con más de 800.000 espectadores diarios y un notable seguimiento en diversas comunidades autónomas, el programa ha demostrado su capacidad para mantenerse en la cima a pesar de la competencia. Su éxito se debe a un variado equipo de colaboradores y su enfoque en la actualidad, análisis y entretenimiento. A lo largo de la temporada, 'Y ahora Sonsoles' ha abordado temas relevantes y ha contado con emotivas entrevistas, consolidándose como un referente en las tardes televisivas.

La Audiencia de Valencia ha confirmado la imputación del ex número 2 de Emergencias, Emilio Argüeso, en relación con la causa abierta por las 228 muertes y lesiones causadas por las inundaciones de la DANA. Junto a Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, son los únicos investigados hasta el momento. La decisión se basa en la necesidad de esclarecer las responsabilidades en la gestión de emergencias durante el desastre, que incluyó una tardanza de una hora en enviar alertas a la población. La Audiencia desestimó el recurso de apelación presentado por Argüeso, reafirmando que la investigación es razonable y necesaria.

La Comunitat Valenciana enfrenta un temporal de lluvias torrenciales, con la Aemet advirtiendo de un "peligro extraordinario". Se prevén acumulaciones de agua que podrían superar los 250 a 300 litros por metro cuadrado entre el lunes y el martes. La situación es crítica en Aldaia, donde el barranco de La Saleta ha desbordado, generando inundaciones y rescates en la zona. Las autoridades están en alerta ante este fenómeno meteorológico extremo.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, declaró ante la jueza que fue él quien propuso enviar una alerta a la población durante la DANA, argumentando que no se estaban tomando medidas adecuadas. En su testimonio, Polo destacó la falta de acción de las autoridades, incluyendo a la consellera Salomé Pradas y al presidente Carlos Mazón, quienes no actuaron hasta horas más tarde. A pesar de advertir sobre el riesgo de desbordamiento de la presa de Forata y sugerir que se avisara a los ciudadanos para que subieran a pisos altos, la alerta se envió con retraso. La declaración revela una gestión ineficaz ante una crisis que exigía decisiones rápidas y efectivas.

El Govern de Carlos Mazón grabó parte de la reunión del CECOPI durante la DANA del 29 de octubre, pero no entregó esta información a la jueza que investiga el caso. Se han revelado imágenes donde se observa a un cámara de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) grabando intervenciones clave, incluyendo las de la exconsellera Salomé Pradas, quien mintió en su declaración judicial sobre su participación en el aviso a la población. La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha solicitado copias de estas grabaciones, ya que no existe documentación oficial sobre lo sucedido en esa reunión, contradiciendo así las afirmaciones de falta de soporte documental por parte del Govern.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha rechazado las acusaciones del Partido Popular sobre un supuesto "cachondeo" con los incendios en Castilla y León, donde el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, se encontraba de vacaciones. Puente ha defendido su derecho a expresar indignación ante la falta de presencia de los responsables políticos en situaciones de emergencia. Durante una visita a las obras de alta velocidad entre Murcia y Almería, criticó la ausencia del PP en momentos críticos y subrayó que su intención es exigir responsabilidades sin caer en insultos. Además, destacó que la prevención y el presupuesto son claves para abordar estos problemas, no los mensajes en redes sociales.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha fallado a favor de Compromís, permitiendo el acceso a documentos sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre que el Gobierno de Carlos Mazón había denegado. Los magistrados consideran que se vulneró el derecho fundamental de los parlamentarios al acceso a información pública. Sin embargo, el tribunal rechazó solicitudes para acceder a registros de llamadas y grabaciones de cámaras de seguridad, argumentando que estas peticiones podrían afectar derechos como el secreto de las comunicaciones y la protección de datos personales. Las sentencias pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo.

El Partido Popular ha bloqueado nuevamente la comparecencia de las víctimas de la DANA en el Parlamento Europeo, a pesar de las solicitudes de las asociaciones afectadas. Este miércoles, el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, impidió que las víctimas tuvieran un papel destacado en la comisión de investigación, limitando su testimonio al mismo nivel que el de cualquier particular. Las críticas del PSOE han sido contundentes, calificando esta actitud como decepcionante y un intento de silenciar a quienes han perdido todo. A ocho meses de la tragedia que dejó 228 muertos en Valencia, las víctimas esperan ser escuchadas para dirimir responsabilidades políticas sobre la gestión del desastre.