07/11/2025@15:30:49
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien deberá enfrentar un juicio tras rechazar su recurso de apelación. González Amador está acusado de varios delitos, incluyendo fraude fiscal y falsedad documental, por presuntamente defraudar a Hacienda más de 350.000 euros entre 2020 y 2021 mediante un entramado de facturas falsas. La Fiscalía solicita para él una pena de tres años y nueve meses de cárcel, mientras que la acusación popular pide cinco años. Además, se encuentra implicado en una investigación por corrupción relacionada con sus negocios.
El abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que envió un correo a la Fiscalía reconociendo dos delitos fiscales a petición de su cliente, quien buscaba una solución que causara "menos ruido". Durante su testimonio en el Tribunal Supremo, el letrado explicó que presentó esta confesión para agilizar el proceso legal y evitar un juicio. La filtración del correo está relacionada con la investigación al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos. Neira también admitió no haber reenviado el correo original al fiscal y se acogió al secreto profesional respecto a contactos posteriores con la Fiscalía.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido acusada de mentir sobre la situación legal de su novio, Alberto González Amador, quien está imputado por cuatro delitos graves, incluyendo fraude fiscal y corrupción en los negocios. Ayuso afirmó que la situación podría resolverse con una simple multa, lo cual es incorrecto ya que las acusaciones podrían conllevar penas de cárcel. González Amador deberá declarar como investigado el próximo 10 de abril. Esta polémica ha generado críticas hacia Ayuso, quien defiende que nunca ha beneficiado a su pareja en su carrera política. Para más detalles, visita el enlace a la noticia completa.
El cuñado del Rey Felipe VI fue condenado por el Tribunal Supremo a cinco años y diez meses de prisión por malversación, prevaricación, fraude, dos delitos fiscales y tráfico de influencias.
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Izquierda Unida ha expresado su preocupación tras la decisión del Tribunal Supremo de no investigar las denuncias por delitos fiscales contra Juan Carlos de Borbón. La formación política considera que esta resolución refleja un "pacto de impunidad" en las estructuras del Estado. La querella, presentada por ex magistrados y fiscales anticorrupción, fue desestimada nuevamente, al igual que una acción judicial anterior de Izquierda Unida. El magistrado Manuel Marchena, quien ha estado en el centro de controversias, es el encargado de este auto de inadmisión. Mientras tanto, el rey emérito continúa su vida en el extranjero, ajeno a la legislación fiscal española. Para más información, visita el enlace.
La Sala de lo Penal ha acordado por unanimidad abrir una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra un particular, en este caso la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, varias voces se han alzado tras esta decisión, ya que el propio Tribunal Supremo sostiene que el fiscal general tuvo los correos en su poder "a partir de las 22 horas del día 13 de marzo", pero medios de comunicación como 'El Mundo' los tenían antes, lo que ha incendiado las redes sociales y tertulias de actualidad del país.
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