derechos humanos

Las fuerzas israelíes han asesinado a seis periodistas palestinos en Gaza, lo que ha llevado a la ONU a condenar estos actos como violaciones graves del derecho internacional. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos destacó que el ataque, dirigido a una tienda de campaña de Al Jazeera, representa un ataque premeditado contra la libertad de prensa. Desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023, al menos 242 periodistas palestinos han sido asesinados. Además, la situación humanitaria en Gaza se agrava con hospitales desbordados y un aumento alarmante de la desnutrición entre la población, mientras los civiles arriesgan sus vidas para acceder a alimentos escasos. La ONU hace un llamado urgente para garantizar el acceso seguro y sin restricciones a los periodistas y para establecer un alto el fuego permanente ante la crisis humanitaria catastrófica que enfrenta la región.

El Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA) entra en vigor el 8 de agosto, pero su aplicación efectiva enfrenta desafíos debido a la falta de voluntad política de los Estados miembros. A pesar de ser un avance significativo para la protección del periodismo y la independencia mediática en Europa, muchos países aún no han adaptado sus legislaciones nacionales. Reporteros Sin Fronteras advierte sobre el riesgo de que la EMFA se quede en papel mojado si no se toman medidas rápidas y efectivas. La Comisión Europea debe actuar ante el incumplimiento para asegurar la libertad de prensa y fortalecer el compromiso democrático en la región.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresa su preocupación ante el anuncio de Pakistán de repatriar forzosamente a refugiados afganos. Este retorno, que afecta especialmente a mujeres y niñas, podría violar sus derechos humanos en un contexto donde su seguridad está en riesgo. ACNUR insta a garantizar que cualquier regreso sea voluntario y digno, y solicita al gobierno paquistaní que prorrogue la protección para los afganos vulnerables. La situación actual ha llevado a más de 2,1 millones de afganos a regresar o ser obligados a volver a Afganistán este año, exacerbando una crisis humanitaria en el país.

Las fuerzas israelíes han matado a 105 palestinos en dos días mientras buscaban comida en Gaza, según informes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Los incidentes ocurrieron en las zonas de Zikim y Morag entre el 30 y 31 de julio, elevando el total de muertos por hambre a al menos 1,373 desde mayo. La ONU ha denunciado que estos ataques constituyen crímenes de guerra y ha llamado a una investigación independiente. A pesar de un anuncio de cese temporal de operaciones militares, los disparos continúan, complicando la entrega de ayuda humanitaria en medio de una creciente crisis alimentaria. La situación se agrava con el acceso limitado a alimentos y asistencia vital, lo que ha llevado a un aumento en las muertes por desnutrición entre los más vulnerables.

España ha condenado la reciente resolución de la Knesset israelí sobre los Territorios Palestinos Ocupados, argumentando que socava las bases para una solución de dos Estados y ignora compromisos previos entre Israel y Palestina. El gobierno español destaca la ilegalidad de la expansión de asentamientos y llama a cesar las hostilidades, liberar rehenes y facilitar ayuda humanitaria en Gaza. Reitera su apoyo a la solución de dos Estados como única vía para alcanzar la paz en la región.

El Gobierno ha aprobado una nueva Ley de Información Clasificada, actualizando un texto de 1968, en respuesta a las recomendaciones de la Comisión Europea. Esta ley establece cuatro niveles de información reservada y plazos de desclasificación que varían según la sensibilidad del contenido. Además, se ha aprobado una subvención de 10 millones de euros para proporcionar atención sanitaria a enfermos de ELA en situaciones graves. Estas iniciativas forman parte del Plan de Acción por la Democracia, que busca fortalecer derechos fundamentales y garantizar el secreto profesional de los periodistas.

Los hospitales en Gaza están al borde del colapso debido a la violencia y la falta de suministros médicos, mientras surgen casos de Guillain-Barré, una enfermedad neurológica rara. La escasez de alimentos es crítica, con 500,000 personas en riesgo de hambruna. Datos satelitales indican que solo el 1.5% de las tierras cultivables son accesibles. Expertos en derechos humanos exigen la restauración del sistema humanitario de la ONU para abordar esta crisis, señalando que las condiciones actuales podrían considerarse genocidio. La comunidad internacional debe actuar urgentemente para proteger a la población palestina y garantizar el acceso a ayuda humanitaria efectiva.

Un ataque del Ejército israelí en Gaza ha resultado en la muerte de un trabajador de emergencia y heridas a otros tres, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Este hecho ha generado indignación, ya que se considera que los asesinatos deliberados de trabajadores humanitarios podrían constituir crímenes de guerra. La Organización Mundial de la Salud también condenó el ataque y pidió el cese inmediato de las agresiones contra personal sanitario. Además, se denuncian las restricciones impuestas por Israel a los funcionarios de la ONU y a los trabajadores humanitarios, lo que limita la denuncia de violaciones de derechos humanos en la región.

Greenpeace celebra la histórica resolución de la Corte Internacional de Justicia, que establece que los Estados deben garantizar el derecho a un medio ambiente sano y tomar medidas contra la crisis climática. La CIJ exige el fin de las subvenciones a combustibles fósiles y prohíbe nuevas licencias de explotación. Además, impone a las empresas la obligación de reparar daños causados por sus emisiones. Esta decisión marca un cambio significativo en el derecho internacional, priorizando la protección del clima y los derechos humanos sobre los intereses económicos. La resolución también subraya que el incumplimiento de las obligaciones climáticas conlleva reparaciones plenas y ofrece una protección histórica a las comunidades más afectadas por el cambio climático.

Arcópoli se posiciona firmemente en contra de la intención de derogación de la Ley Trans, anunciada por Alberto Núñez Feijóo. Esta ley, que garantiza los derechos y la igualdad efectiva de las personas trans y LGTBI+, representa un avance crucial tras años de exclusión. La posible revocación de esta legislación es vista como un grave retroceso en los derechos humanos, enviando un mensaje perjudicial a un colectivo ya vulnerable. Arcópoli rechaza esta iniciativa y se compromete a defender los derechos LGTBI+ con todas las herramientas disponibles, afirmando que estos derechos son conquistas irrenunciables que deben ser protegidas en cualquier sociedad democrática.

El Consejo de Ministros de España ha aprobado el Proyecto de Ley de Información Clasificada, que reemplaza a la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Este nuevo marco legal, impulsado por el Ministerio de la Presidencia, busca garantizar la clasificación adecuada de información sensible relacionada con la defensa y seguridad, al tiempo que promueve el derecho a la transparencia. La ley establece un sistema de desclasificación automática con plazos específicos para diferentes categorías de información y crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada. Con estas medidas, España se alinea con las normativas más avanzadas en Europa y mejora el acceso ciudadano a documentos oficiales.