Discriminación

Casi el 70% de las personas LGTBI+ que han sufrido agresiones en el último año experimenta malestar emocional, según un informe de la Federación Estatal LGTBI+. Este estudio, presentado en el marco del Día Internacional de la Salud Mental, revela que más del 26% de las víctimas siente este malestar de forma constante. La presidenta de la federación, Paula Iglesias, destaca la necesidad urgente de un Pacto de Estado contra los discursos de odio para proteger a los grupos vulnerables y mejorar su salud mental. Además, se señala un incremento alarmante en las agresiones y un aumento en los índices de suicidio entre la población LGTBI+, lo que subraya la importancia de medidas preventivas y recursos adecuados en salud pública.

Una de cada tres personas LGTBI+ en España ha experimentado o considerado el "sexilio", según el informe 'Estado del Odio LGTBI+: Sexilio', elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ y la Universidad de Salamanca. Este estudio revela que el 13% de los encuestados cambió de residencia debido a su orientación sexual o identidad de género, mientras que un 21,5% lo ha contemplado. La investigación destaca cómo la falta de entornos seguros y el miedo a la violencia empujan a muchas personas a abandonar sus hogares, convirtiendo este desplazamiento en una expulsión forzada. El impacto es especialmente grave en personas trans y racializadas. Además, se subraya la necesidad urgente de políticas públicas inclusivas que aborden esta problemática y garanticen derechos fundamentales para todos, independientemente de su lugar de residencia.

La Conferencia Episcopal ha respondido a las declaraciones de Santiago Abascal, líder de Vox, tras el veto al uso del polideportivo de Jumilla para festividades islámicas. Los obispos han rechazado esta prohibición, considerándola una discriminación intolerable en una sociedad plural y democrática. El arzobispo de Tarragona afirmó que "un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano", defendiendo la libertad de culto y la convivencia entre diversas creencias. Otros representantes eclesiásticos también han condenado el uso político de los migrantes y han abogado por el respeto a sus derechos sociales. La Iglesia enfatiza que imponer restricciones por motivos religiosos es inaceptable.

El Consejo Asesor de Brecha de Género, presidido por la ministra Elma Saiz, se reunió para abordar la situación de las mujeres gitanas y su acceso a la protección social. Durante la sesión, se discutió la vulnerabilidad específica de las mujeres migrantes y refugiadas, destacando la discriminación múltiple que enfrentan. Se presentó un informe sobre el impacto económico de esta discriminación, que afecta especialmente a las mujeres extranjeras en el mercado laboral. También se analizó cómo las mujeres gitanas sufren una desventaja acumulada debido a factores como la pobreza y la exclusión social. La reunión subrayó la importancia de políticas inclusivas que reconozcan estas realidades y promuevan el acceso equitativo a derechos y oportunidades.

El Gobierno de España celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI 2025, conmemorando el 20º aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario. Se reafirma el compromiso contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, destacando avances en derechos LGTBI+. Se mencionan leyes clave como la Ley 4/2023 para la igualdad real de las personas trans y la Ley 15/2022 para la no discriminación. Para más información, se pueden consultar los recursos disponibles en el Portal del Ministerio de Igualdad.

El 18 de junio de 2025, se anunció la aprobación de la Estrategia Estatal para la no discriminación de las personas LGTBI en la Conferencia Sectorial de Igualdad. Este acuerdo incluye la creación de un grupo de trabajo que se enfocará en avanzar en la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación, con el objetivo de eliminar cualquier forma de discriminación. Esta iniciativa refuerza el compromiso del gobierno con los derechos y la igualdad del colectivo LGTBI en España. Para más información, visita el enlace.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha absuelto a Alejandro Míguez, el único condenado como cómplice del asesinato de Samuel Luiz, al no encontrarse pruebas que acrediten su participación en la agresión. La sentencia anterior lo había condenado a diez años de prisión, pero el tribunal concluyó que no hay testigos que lo vinculen directamente con el crimen. A pesar de esta absolución, las condenas para los otros tres implicados se mantienen, sumando casi 65 años de cárcel en total. Este caso ha sido objeto de atención mediática debido a su contexto de violencia y discriminación por orientación sexual. Para más detalles, visita el enlace.

El PSOE ha presentado una moción en la Comisión de Justicia para instar al Gobierno a implementar medidas contra los delitos de odio, en un contexto de creciente intolerancia social. El portavoz socialista, Txema Oleaga, enfatizó la necesidad de que esta cuestión sea prioritaria en la agenda política. La moción solicita que todas las instituciones condenen cualquier forma de discriminación y violencia, y propone campañas educativas para sensibilizar a la sociedad, así como formación especializada para jueces y fuerzas de seguridad. Los socialistas buscan una respuesta firme y coordinada para combatir el odio y proteger a colectivos vulnerables.

La Federación Estatal LGTBI+ denuncia que la negación de la existencia de hombres bisexuales es una de las violencias más sufridas por el colectivo bisexual, en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Bisexual. Alex Robles, co-coordinador del Grupo de Políticas Bisexuales, destaca que uno de cada cuatro bisexuales ha enfrentado discriminación en España, y casi el 20% ha sufrido acoso físico o verbal. Además, se revela que un 37% de los hombres bisexuales han tenido pensamientos suicidas. La co-coordinadora Noelia Salido señala que las mujeres bisexuales enfrentan deshumanización y hipersexualización, mientras que se exige un reconocimiento real en leyes y políticas para abordar sus necesidades específicas. La Federación aboga por campañas de sensibilización y medidas contra la discriminación en todos los ámbitos, incluyendo educación y salud mental.

El servicio 028 Arcoíris, impulsado por el Ministerio de Igualdad, ha realizado 23.523 atenciones desde su inicio en julio de 2023 hasta finales de julio de 2025. Este servicio ofrece información y atención integral en derechos LGTBI, con un aumento del 37,3% en las consultas durante su segundo año de funcionamiento. Las principales razones para contactar incluyen apoyo psicológico, asesoramiento legal y situaciones de discriminación. Disponible las 24 horas del día y en diez idiomas, el 028 es gratuito y confidencial. La ministra Ana Redondo destacó su importancia frente al incremento de la lgtbifobia y la necesidad de asegurar los derechos del colectivo LGTBI.

José Manuel Albares ha creado la figura de Embajador en Misión Especial para los derechos LGTBIQ+. Esta nueva posición se encargará de coordinar acciones diplomáticas contra la discriminación y promoverá la despenalización mundial de las relaciones entre personas del mismo sexo, alineándose con la co-presidencia española de la Equal Rights Coalition. La iniciativa busca fortalecer el compromiso de España con los derechos humanos y la igualdad. Para más información, visita el enlace oficial.

El Consejo de Ministros de España ha aprobado una declaración institucional en conmemoración del Día Nacional del Orgullo LGTBI, que se celebra el 28 de junio. Este texto resalta la diversidad en orientación sexual, identidad y expresión de género, así como el compromiso del Gobierno con la igualdad y la erradicación de la violencia y discriminación hacia las personas LGTBI+. Además, se recuerda el 20 aniversario de la Ley del Matrimonio Igualitario y el legado de Pedro Zerolo en la lucha por los derechos civiles. La declaración también incluye planes para promover la igualdad LGTBI en empresas y un servicio de atención integral disponible las 24 horas.

El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha declarado ante el juez que los 'protocolos de la vergüenza' implementados durante la primera ola del COVID-19 eran discriminatorios y excluían a miles de mayores de atención hospitalaria. Según Reyero, estos protocolos decidían quién recibía atención médica basándose en criterios no médicos, lo que resultó en que casi el 80% de los ancianos en residencias murieran sin ser trasladados a hospitales. A pesar de sus intentos por alertar a sus superiores sobre las consecuencias legales y éticas de estas decisiones, no recibió respuesta. Esta declaración resalta la lucha por justicia de las familias afectadas y cuestiona las decisiones políticas tomadas durante la crisis sanitaria.

Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, se comprometió a proponer cambios legales para abordar los abusos y discriminaciones que enfrentan las cooperativas en Andalucía. Durante un encuentro con representantes de empresas cooperativas, destacó la importancia de mejorar la legislación que afecta a este sector en crecimiento. Santiago mencionó las dificultades que enfrentan, especialmente en áreas como el consumo energético y la educación, y anunció su intención de llevar al Parlamento propuestas claras para garantizar condiciones justas para estas organizaciones. Además, subrayó la necesidad de que las administraciones públicas apoyen el desarrollo cooperativo en la región.