Discriminación

El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha declarado ante el juez que los 'protocolos de la vergüenza' implementados durante la primera ola del COVID-19 eran discriminatorios y excluían a miles de mayores de atención hospitalaria. Según Reyero, estos protocolos decidían quién recibía atención médica basándose en criterios no médicos, lo que resultó en que casi el 80% de los ancianos en residencias murieran sin ser trasladados a hospitales. A pesar de sus intentos por alertar a sus superiores sobre las consecuencias legales y éticas de estas decisiones, no recibió respuesta. Esta declaración resalta la lucha por justicia de las familias afectadas y cuestiona las decisiones políticas tomadas durante la crisis sanitaria.

Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, se comprometió a proponer cambios legales para abordar los abusos y discriminaciones que enfrentan las cooperativas en Andalucía. Durante un encuentro con representantes de empresas cooperativas, destacó la importancia de mejorar la legislación que afecta a este sector en crecimiento. Santiago mencionó las dificultades que enfrentan, especialmente en áreas como el consumo energético y la educación, y anunció su intención de llevar al Parlamento propuestas claras para garantizar condiciones justas para estas organizaciones. Además, subrayó la necesidad de que las administraciones públicas apoyen el desarrollo cooperativo en la región.

La Federación Estatal LGTBI+ ha hecho un llamado urgente al Gobierno para la implementación efectiva de la Ley LGTBI+ y la aprobación de una Ley de Familias inclusiva. A pesar de los avances normativos, las familias LGTBI+ continúan enfrentando barreras legales en derechos fundamentales como la filiación y el acceso a ayudas. La falta de visibilidad en el ámbito educativo perpetúa la discriminación y la invisibilidad de estas familias. La Federación destaca que es crucial contar con un marco legal que reconozca todas las realidades familiares para garantizar derechos y combatir la discriminación.

Arcópoli ha lanzado una campaña en los centros educativos de la Comunidad de Madrid para combatir la LGTBIfobia, bajo el lema "La discriminación no es un juego". Esta iniciativa busca sensibilizar a los estudiantes y educadores sobre la importancia de defender los derechos del colectivo LGTBI+ y erradicar la discriminación. La campaña se enmarca dentro del compromiso de Arcópoli por promover la diversidad y la inclusión en el ámbito educativo. Para más información, visita el enlace.

CCOO aboga por la plena inclusión laboral de las personas trans, promoviendo su visibilidad y reclamando un protocolo de acompañamiento en las empresas para eliminar estigmas y discriminaciones. La organización trabaja para garantizar un entorno laboral inclusivo y equitativo.

Mujeres LTBI+ se reunirán en las II Jornadas convocadas por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) del 14 al 16 de marzo, bajo el lema "Transitando identidades, realidades y espacios frente al odio". Este evento busca abordar y exigir el fin del odio machista y LGTBIfóbico que provoca múltiples discriminaciones. Con la participación de destacadas personalidades del colectivo, se llevarán a cabo talleres y actividades para fomentar el respeto a la diversidad y combatir la violencia. Las mujeres LTBI+ enfrentan retos únicos debido a su identidad y otras interseccionalidades.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha absuelto a Alejandro Míguez, el único condenado como cómplice del asesinato de Samuel Luiz, al no encontrarse pruebas que acrediten su participación en la agresión. La sentencia anterior lo había condenado a diez años de prisión, pero el tribunal concluyó que no hay testigos que lo vinculen directamente con el crimen. A pesar de esta absolución, las condenas para los otros tres implicados se mantienen, sumando casi 65 años de cárcel en total. Este caso ha sido objeto de atención mediática debido a su contexto de violencia y discriminación por orientación sexual. Para más detalles, visita el enlace.

La Federación Estatal LGTBI+ ha revelado en su informe 'Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025' que una de cada cuatro personas LGTBI+ en España sufre discriminación, y las agresiones han aumentado drásticamente, duplicándose en un año. Con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, el estudio destaca que el 20,3% de la población LGTBI+ ha experimentado acoso y un alarmante 25,25% ha enfrentado discriminación en diversas áreas. Las agresiones físicas y verbales han pasado del 6,80% al 16,25%, afectando a aproximadamente 812.000 personas en el último año. El informe también señala que la juventud y aquellos con menores ingresos son los más vulnerables. La falta de denuncia y confianza en las instituciones persiste, lo que agrava la situación. Se requieren medidas urgentes para combatir estos discursos de odio y proteger los derechos del colectivo LGTBI+.

Aumentan las tensiones en Bosnia y Herzegovina, según el alto representante en el Consejo de Seguridad de la ONU. El país enfrenta su peor crisis desde la firma del Acuerdo de Dayton en 1995. Se hace un llamado urgente a implementar reformas constitucionales y legales para combatir la discriminación y fortalecer la integración europea. Esta situación crítica requiere atención internacional y acciones concretas para garantizar la estabilidad en la región.

Una investigación de la Federación Estatal LGTBI+ revela que una de cada cuatro personas asexuales ha sido víctima de agresiones físicas o sexuales en el último año. En el marco del Día de la Visibilidad Asexual, se destaca que el 75% de estas agresiones no se denuncian. La encuesta también indica que muchas personas asexuales enfrentan acoso y presión social para mantener relaciones sexuales, lo que afecta su salud mental. La Federación exige mayor visibilidad y formación sobre la realidad asexual, así como políticas públicas que protejan sus derechos. Para más información, visita el enlace de la noticia.

CCOO y UGT han solicitado al Gobierno que rectifique la demora injustificada en la devolución de impuestos a los antiguos mutualistas. Esta situación ha sido calificada como arbitraria y discriminatoria, afectando a un gran número de ciudadanos. La demanda busca garantizar el derecho a un tratamiento equitativo en el proceso de devolución fiscal.