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Falsedad documental

16/01/2025@20:08:43

Un acusado de estafa ha anunciado su incomparecencia a la vista oral en la Audiencia Provincial, alegando problemas económicos para costear el viaje desde Valencia. El juicio, que aborda delitos de falsedad documental y estafa, ha sido suspendido. El fiscal ha solicitado su búsqueda y captura, argumentando que el costo del viaje no justifica su ausencia. La defensa pide un aplazamiento de 30 días, mientras que el fiscal solicita tres años de prisión y una multa de 1.800 euros para el acusado, quien formaba parte de un grupo dedicado a la manipulación de pagarés con documentos falsos.

La Audiencia de Valencia le considera autor de los delitos de falsedad documental y estafa. El acusado reconoció los hechos y aceptó las penas solicitadas por la Fiscalía en un juicio celebrado por conformidad de las partes.

La Guardia Civil, en la denominada operación Techonegro, ha investigado al conductor de un turismo que circulaba en sentido contrario por la Autovía EX-A1 por un delito de conducción temeraria y otro por conducir careciendo de permiso.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública y otro delito de falsedad documental por vender certificados falsos de PCR. Los ofertaba en páginas de compraventa de internet a 40 euros y en menos de 24 horas los remitía al correo electrónico del comprador. Aprovechaba las exigencias laborales o de transporte para ofertarlos y permitir el desplazamiento de personas sin un control sanitario previo.
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Vicente Montañez, concejal de VOX en el Ayuntamiento de Valencia, ha presentado una denuncia contra su propio partido por los delitos de financiación ilegal, falsedad documental, prevaricación, malversación, coacciones y organización criminal.

Desarrollaba una intensa actividad delictiva, diversificando los modus operandi y obteniendo un extenso abanico de víctimas, lo que le reportó más de 60.000 euros según los procedimientos conocidos hasta la fecha. Demostró una asombrosa capacidad para asumir e interpretar diferentes roles y perfiles, generando una red de más de 50 identidades de personas físicas previamente usurpadas y que se convirtieron en víctimas de estos hechos.

Los detenidos acudían a las pruebas, previo pago de entre 1000 y 2000 euros, haciéndose pasar por extranjeros residentes legales en España no hispanohablantes. El entramado, que actuaba a nivel nacional, facilitaba el nivel de idioma o los conocimientos culturales requeridos para adquirir la nacionalidad española a personas que no contaban con las nociones exigidas para dicho trámite.