La Fiscalía ha acusado a Leire Díez, vinculada al PSOE, de liderar un "plan delictivo" con el objetivo de desacreditar a la Fiscalía Anticorrupción y a la Guardia Civil. Según el sumario del caso, Díez y el empresario Javier Pérez Dolset intentaron sobornar a dos fiscales para obtener información que perjudicara a estas instituciones. Los fiscales denunciantes relatan intentos de manipulación de pleitos que involucran tanto a políticos como a empresarios, buscando anular investigaciones relevantes. La Fiscalía considera que existe una conexión evidente entre los denunciados y sus acciones presuntamente coordinadas para desprestigiar a los jefes de la UCO y de Anticorrupción.
La Fiscalía ha solicitado una pena de tres años y nueve meses de prisión para Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. La acusación se basa en un presunto fraude de 350.910 euros relacionado con el Impuesto de Sociedades durante los ejercicios 2020 y 2021. La jueza Inmaculada Iglesias ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado tras una inspección de Hacienda que reveló irregularidades. Además, González Amador enfrenta otra investigación por administración desleal y corrupción en los negocios. A pesar de las implicaciones legales, el PP defiende que estos problemas son ajenos a Ayuso.
Un grupo de ultraderecha ha convocado una "cacería" contra migrantes en Torre-Pacheco, Murcia, a través de un canal de Telegram con más de 1.000 miembros. Los organizadores han fijado las fechas del 15 al 17 de julio para llevar a cabo esta acción, animando a otras redes antimigrantes a participar. Las fuerzas de seguridad están al tanto y han desplegado un centenar de agentes en la zona, mientras que la Fiscalía de Delitos de Odio investiga posibles delitos relacionados con incitación a la violencia. El alcalde de Torre-Pacheco ha pedido el cese de estos llamamientos violentos, pero sus advertencias han sido ignoradas por los convocantes. La situación ha generado gran preocupación en el Ministerio del Interior, que está monitoreando activamente estas actividades.
El PSOE ha entregado a la Fiscalía un 'pen drive' con información recopilada por la exmilitante Leire Díez, que contiene más de 2.000 documentos sobre casos relacionados con el fraude de los hidrocarburos. La portavoz del partido, Esther Peña, afirmó que buscan esclarecer la verdad y tomar las medidas necesarias. Díez, quien se enfrenta a acusaciones, defiende su labor como periodista y asegura que su investigación está destinada a un libro programado para publicarse en 2025. Esta situación ha generado un debate sobre la transparencia dentro del partido y posibles demandas por calumnias.
El abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que envió un correo a la Fiscalía reconociendo dos delitos fiscales a petición de su cliente, quien buscaba una solución que causara "menos ruido". Durante su testimonio en el Tribunal Supremo, el letrado explicó que presentó esta confesión para agilizar el proceso legal y evitar un juicio. La filtración del correo está relacionada con la investigación al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos. Neira también admitió no haber reenviado el correo original al fiscal y se acogió al secreto profesional respecto a contactos posteriores con la Fiscalía.
La Fiscalía de Barcelona ha iniciado una investigación histórica sobre las torturas cometidas por la Policía franquista en la comisaría de Vía Laietana, tras una denuncia presentada por Blanca Serra, quien fue detenida en 1977 y sufrió malos tratos físicos y psíquicos. Esta acción pionera se enmarca dentro de la nueva ley de Memoria Democrática, que busca garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. La investigación es un paso significativo hacia el reconocimiento de las atrocidades del pasado y pretende facilitar el acceso a archivos policiales y testimonios. Activistas piden que la comisaría se convierta en un centro de memoria histórica.
Más Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Madrid, acusando al alcalde José Luis Almeida y a la Agencia de Actividades de permitir la proliferación de más de 15.000 viviendas turísticas ilegales en la capital. La portavoz del grupo, Rita Maestre, sostiene que la inacción del Ayuntamiento no es mera pasividad, sino un consentimiento deliberado hacia la ilegalidad. Esta denuncia se basa en el artículo 320 del Código Penal, que penaliza a las autoridades que omiten inspecciones obligatorias. A pesar de las advertencias y datos proporcionados por el Ministerio de Consumo sobre los alojamientos ilegales, Almeida ha mostrado una falta de respuesta efectiva, lo que agrava la crisis habitacional en Madrid. Más Madrid exige una investigación exhaustiva y acciones inmediatas para proteger los derechos de los ciudadanos frente a intereses económicos desmedidos.
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El último juicio de la trama Gürtel se celebra en la Audiencia Nacional, donde 26 acusados, incluyendo a Francisco Correa, enfrentan cargos por delitos fiscales, blanqueo de capitales y falsedad documental. Este proceso judicial marca el cierre de una investigación que ha durado 16 años y ha implicado a numerosos políticos del PP. Correa y otros acusados han alcanzado acuerdos con la Fiscalía para reducir sus penas a cambio de reconocer los hechos. El juicio se extenderá hasta el 20 de noviembre y representa un momento crucial en la lucha contra la corrupción en España. El Partido Popular defiende que ya ha asumido responsabilidades políticas por este caso y pide mayor rapidez en la justicia.
La Fiscalía Superior de Murcia ha iniciado una investigación sobre las declaraciones del líder de Vox en la región, José Ángel Antelo, por un posible delito de odio. Esta acción se produce tras denuncias presentadas por PSOE, Izquierda Unida y Podemos, en respuesta a comentarios de Antelo que abogan por deportar a todos los migrantes. La controversia surge en medio de disturbios en Torre-Pacheco relacionados con agresiones a migrantes, donde se han convocado cacerías a través de redes sociales. La fiscal delegada de delitos de odio será la encargada de llevar a cabo esta investigación, analizando tanto las declaraciones del político como las publicaciones en línea vinculadas a los recientes altercados.
Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, declara ante el juez en relación a una trama de presuntas mordidas por adjudicaciones de obra pública. La Fiscalía solicita prisión para Cerdán, quien afirma estar siendo víctima de un "acto de persecución política". Esta declaración se produce tras su dimisión el 12 de junio.
Leire Díez abandona el PSOE en medio de un escándalo político-judicial que podría tener repercusiones significativas. Denunciada por delitos graves, su salida ha desatado un 'mapa' lleno de interrogantes y potenciales conflictos institucionales. La Fiscalía investiga varias denuncias en su contra, que incluyen cohecho y tráfico de influencias, lo que podría llevar a citaciones judiciales. Además, se han solicitado comparecencias en comisiones parlamentarias que podrían afectar la estabilidad del PSOE y del gobierno de Pedro Sánchez. Este caso no solo es una crisis interna del partido, sino un laberinto con múltiples implicaciones políticas y judiciales que se desarrollará en los próximos meses.
La Asociación Arcópoli, defensora de los derechos del colectivo LGTBI+, ha ampliado su denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio en respuesta a una creciente ola de ataques y difamaciones. La entidad busca proteger su reputación y hacer frente a las acusaciones falsas que ha recibido recientemente. Esta acción judicial subraya el compromiso de Arcópoli en la lucha contra los delitos de odio y la defensa de los derechos humanos. Para más información, visita el enlace.
Arcópoli, la entidad defensora de los derechos LGBTI+, ha denunciado el discurso de odio expresado por la diputada Isabel Pérez Moñino del partido VOX en la Asamblea de Madrid. La organización ha enviado una denuncia a la fiscalía en respuesta a las declaraciones realizadas durante su intervención. Este acto resalta la creciente preocupación sobre el lenguaje y las actitudes discriminatorias en el ámbito político. Para más detalles, visita el enlace completo.
El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, desafía al rey emérito Juan Carlos I al negarse a retractarse en una querella por injurias, lo que podría llevar el caso a juicio. Revilla sostiene que no necesita nuevas pruebas para su defensa, basándose en los argumentos que llevaron a la Fiscalía del Tribunal Supremo a archivar causas contra el monarca. Aunque la querella afecta solo a Revilla, el juicio podría reabrir viejas heridas y aumentar la presión sobre Juan Carlos I, cuya reputación ya se ve afectada por escándalos financieros y su exilio en Abu Dabi. La situación plantea interrogantes sobre si este proceso judicial podría cambiar el escenario legal del rey emérito.
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