Fraud

Una investigación sobre un fraude de subsidios en Chequia ha llevado a la imputación de cuatro individuos y al congelamiento de activos por un valor aproximado de 2.6 millones de euros. El caso, relacionado con un esquema fraudulento que involucró 4.4 millones de euros en subsidios de la UE, fue solicitado por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) y reveló manipulación en los procedimientos de contratación pública para obtener fondos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional (ERDF). Las autoridades realizaron nueve registros y se beneficiaron de la cooperación internacional para reunir pruebas. Los acusados enfrentan penas de prisión de cinco a diez años si son condenados.

El Informe Anual 2024 de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) revela un aumento significativo en la actividad contra el fraude en la UE, con 2,666 investigaciones activas y un daño estimado de €24.8 mil millones. Este incremento del 38% respecto al año anterior se debe a una mejor cooperación con autoridades nacionales y un enfoque en organizaciones criminales, especialmente en fraudes relacionados con el IVA. Además, se han abierto más de 1,500 nuevas investigaciones y se han procesado 6,547 informes de delitos, un 56% más que en 2023. La EPPO también ha congelado activos por valor de €849 millones. Este informe subraya la creciente importancia de la EPPO en la lucha contra el fraude financiero en Europa. Para más detalles, visita el enlace del informe completo.

La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en Bucarest contra un ciudadano rumano y una empresa por fraude relacionado con un proyecto de desarrollo del Delta del Danubio, cofinanciado por la UE. Se investiga el uso de documentos falsificados para obtener aproximadamente 593,000 euros de fondos europeos y 104,000 euros del presupuesto nacional. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de hasta 10 años y multas significativas. La EPPO se encarga de proteger los intereses financieros de la Unión Europea.

Seis personas, incluyendo al exalcalde de Beceni, han sido acusadas de fraude y corrupción en un caso llevado por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Rumanía. La investigación se centra en dos proyectos financiados por la UE para desarrollar campos deportivos y renovar un centro multifuncional, donde se alega que el exalcalde presentó documentos falsos y recibió sobornos. Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de entre dos y diez años de prisión. Este caso destaca la importancia de la vigilancia sobre el uso de fondos europeos y la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Múnich ha logrado las primeras condenas en el caso de fraude fiscal conocido como "cluster Midas", que abarca 17 países y un daño estimado de 195 millones de euros. El 18 de marzo, el Tribunal Regional de Landshut condenó a dos individuos por fraude organizado de IVA, quienes falsificaron reclamaciones de reembolso basadas en facturas fraudulentas relacionadas con la venta de mascarillas. Uno fue sentenciado a cinco años y el otro a tres años y seis meses de prisión, además de la confiscación de 5 millones de euros. La investigación, liderada por EPPO, revela una red criminal transnacional detrás del fraude, utilizando empresas ficticias para evadir impuestos. Para más detalles, visita el enlace.

La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra dos personas en Rumania por un fraude de 2,1 millones de euros relacionados con fondos agrícolas de la UE. Los acusados, un individuo y una empresa, están implicados en falsificación y fraude en dos proyectos agrícolas en el condado de Giurgiu, financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Se sospecha que presentaron más de 240 documentos falsificados para obtener pagos indebidos, incluyendo la construcción de invernaderos para cultivos de fresas. Se han tomado medidas cautelares para recuperar daños, incluyendo el embargo de bienes valorados en más de 1,2 millones de euros. Los acusados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales rumanos.

La Fiscalía Europea ha presentado cargos de fraude contra cuatro personas en Bulgaria, relacionadas con un proyecto de 94.5 millones de euros para sistemas de señalización y telecomunicaciones en la red ferroviaria entre Plovdiv y Burgas. Los acusados, que incluyen a dos gerentes de una empresa italiana y un gerente de una empresa búlgara, son acusados de presentar información falsa para obtener fondos europeos. Además, se investiga al exdirector de la Compañía Nacional de Infraestructura Ferroviaria por autorizar pagos a pesar de conocer la falsedad de los datos. Los implicados enfrentan medidas cautelares, incluyendo fianzas y restricciones de salida del país. La EPPO se encarga de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.