La Policía Nacional ha detenido en Pinar de la Horadada, Alicante, a un fugitivo buscado por las autoridades húngaras por 15 delitos de fraude y falsedad documental. Este individuo, incluido en la lista de los Most Wanted de EUROPOL, enfrenta una condena de más de 22 años de prisión. Su actividad delictiva se remonta a 2019, cuando estableció una empresa logística para apropiarse indebidamente de objetos valiosos, causando un perjuicio económico de 1,2 millones de euros. Tras varios meses de investigación y vigilancia, fue localizado y arrestado tras haber evadido la justicia.
El Ministerio de Consumo y la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) han firmado un convenio para combatir las apuestas deportivas ilegales en España. A través de esta colaboración, la ACB se une al Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA), una red que promueve la cooperación para prevenir el fraude y la manipulación en las competiciones deportivas. Este acuerdo, firmado por Mikel Arana y José Miguel Calleja, refuerza el compromiso de ambas entidades por mantener la integridad del baloncesto y proteger sus valores fundamentales. La iniciativa se suma a convenios previos con otras federaciones deportivas, destacando la importancia de la transparencia en el sector.
Una pareja de 29 años ha sido detenida en Basauri por la Ertzaintza tras ser acusada de cobrar fraudulentamente más de 22.000 euros en ayudas sociales entre noviembre de 2022 y julio de 2024. La mujer presentó información falsa sobre su residencia y situación económica para obtener estas ayudas. La investigación, iniciada tras un informe de Lanbide, reveló que la pareja utilizó direcciones ficticias y documentación engañosa. Además, tres personas están siendo investigadas por su posible colaboración en este fraude.
Una coalición internacional ha desmantelado un grupo criminal organizado que defraudó a más de 100 víctimas por un total de más de 3 millones de euros a través de una plataforma de inversión online falsa. La colaboración entre investigadores de Alemania, Chipre, Albania, Reino Unido e Israel, apoyada por Eurojust y Europol, resultó en la detención de un sospechoso en Chipre. Los estafadores utilizaban tácticas de presión psicológica y gráficos falsos para convencer a las víctimas de invertir más dinero, el cual nunca era invertido y se destinaba directamente al grupo criminal. Las investigaciones continúan mientras se identifican más víctimas en todo el mundo. Esta operación es parte del esfuerzo EMPACT para combatir delitos organizados en la Unión Europea.
La Fiscalía Europea ha presentado una acusación ante el Tribunal de Bucarest contra 12 personas, incluyendo seis individuos y seis empresas, por un fraude de €9.5 millones relacionado con proyectos de tecnología de la información financiados por la UE. La investigación revela que entre 2019 y 2022, los acusados presentaron documentos falsos para obtener fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Las cantidades ilícitas fueron transferidas a cuentas bancarias de empresas ficticias y se utilizaron para fines no relacionados con los proyectos. Los implicados enfrentan penas de prisión de hasta diez años y multas significativas. La investigación contó con la colaboración de la Oficina Europea Antifraude (OLAF) y se llevó a cabo en varios países, incluyendo Chipre y Estados Unidos.
La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra cinco individuos en Bulgaria por un fraude de más de 6 millones de euros relacionado con maquinaria de construcción. Los acusados, parte de un grupo criminal organizado, supuestamente establecieron ocho empresas para malversar fondos de la UE destinados a mejorar la eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas. A pesar de haber adquirido 38 piezas de maquinaria, estas no se utilizaron según lo acordado y fueron parcialmente vendidas. La investigación, iniciada tras un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), incluye un caso separado de blanqueo de capitales. Si son declarados culpables, los acusados enfrentan penas significativas.
La Fiscalía Europea (EPPO) ha arrestado al presunto cabecilla de un esquema de fraude de subsidios por valor de 100 millones de euros con vínculos mafiosos en Rumanía. El sospechoso, un ciudadano italiano, fue detenido en el aeropuerto internacional Henri Coanda mientras intentaba huir del país. La investigación reveló que su grupo criminal participó en licitaciones para obtener fondos de la UE en proyectos de construcción y rehabilitación de infraestructuras hídricas, utilizando empresas italianas para presentar documentos falsos que acreditaban una capacidad financiera inexistente. La EPPO, junto con las autoridades rumanas y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), investiga este caso tras recibir denuncias sobre irregularidades graves. Todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
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La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que defraudó cerca de 69 millones de euros en el sector de las bebidas alcohólicas entre 2018 y 2024. En la operación GALLAGHER, se realizaron 19 registros en varias ciudades españolas, resultando en la detención de ocho miembros del grupo. La trama operaba a través de 93 empresas en diferentes países, eludiendo el pago del IVA mediante un complejo sistema de blanqueo de capitales y facturación falsa. Los líderes de la organización eran tres ciudadanos españoles que utilizaban testaferros para ocultar su participación. Esta investigación fue impulsada por la Fiscalía Europea tras una denuncia presentada por la Agencia Tributaria en 2023.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo registros en Eslovenia como parte de una investigación sobre fraude relacionado con fondos de desarrollo regional de la UE. La policía eslovena realizó búsquedas en un municipio de la región de Štajerska, investigando irregularidades en un proyecto de renovación de una zona industrial cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Se sospecha que se declararon costos falsos, lo que resultó en la indebida distribución de 666,793 euros en fondos. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Nápoles ha confiscado activos por valor de 1,1 millones de euros en una investigación sobre fraude y corrupción en fondos agrícolas. La operación, llevada a cabo por los Carabinieri en la provincia de Salerno, involucra a 14 individuos de un total de 39 sospechosos, incluyendo funcionarios públicos y un oficial de policía. Se descubrió que el grupo criminal solicitaba fondos del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural mediante información falsa, con la complicidad de funcionarios en la región de Campania. Además, se investiga la corrupción relacionada con promesas de comisiones a los funcionarios implicados. La EPPO se encarga de proteger los intereses financieros de la Unión Europea.
Tres miembros de una organización criminal en Alemania fueron condenados por un fraude fiscal de 24 millones de euros relacionado con la exportación simulada de coches. El tribunal del distrito de Hagen dictó sentencias que van desde un año y nueve meses hasta cinco años y nueve meses, tras una investigación de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). Desde 2022, se descubrió que esta red fraudulenta utilizaba empresas ficticias para evadir el IVA en ventas de vehículos a otros países de la UE. La operación resultó en un daño fiscal significativo y la implicación de más de 180 empresas involucradas en el esquema. La colaboración entre las autoridades alemanas y la EPPO fue crucial para desmantelar esta red.
El 28 de marzo de 2025, el Tribunal Penal Central de España condenó al administrador de una empresa por fraude al obtener subvenciones de la UE destinadas a la promoción del vino español en mercados externos. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó el caso a juicio, donde se demostró que entre 2019 y 2022 se presentaron facturas falsas por actividades promocionales que no se realizaron, sumando más de 55,000 euros en reclamaciones fraudulentas. El condenado recibió una multa y perdió el derecho a recibir ayudas públicas, además de tener que reembolsar el monto defraudado. Este caso destaca la labor de la EPPO en la protección de los intereses financieros de la Unión Europea.
Seis personas, incluyendo cuatro individuos y dos empresas, han sido acusadas de fraude agravado por subsidios y falsificación de documentos privados en Rumanía, tras una investigación del EPPO sobre un fraude de 1.73 millones de euros relacionado con proyectos de sistemas de riego financiados por la UE. La investigación reveló manipulación en el procedimiento de contratación pública y un conflicto de interés, ya que el gerente de la cooperativa beneficiada estaba casado con la representante de la empresa ganadora del contrato. Se han incautado terrenos y congelado cuentas bancarias para recuperar daños al presupuesto de la UE. Las penas pueden alcanzar hasta 10.5 años de prisión para los implicados.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha arrestado a dos personas y una institución educativa bajo sospecha de fraude de subvenciones y falsificación de documentos. La investigación se centra en un jardín de infantes que recibió más de 255,000 euros en fondos, destinados a mejorar servicios para niños. Se sospecha que los acusados presentaron informes falsos para justificar pagos y exigieron a los empleados la devolución de parte de sus salarios. Todos los implicados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
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