La Fiscalía Europea ha presentado una acusación ante el Tribunal de Bucarest contra 12 personas, incluyendo seis individuos y seis empresas, por un fraude de €9.5 millones relacionado con proyectos de tecnología de la información financiados por la UE. La investigación revela que entre 2019 y 2022, los acusados presentaron documentos falsos para obtener fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Las cantidades ilícitas fueron transferidas a cuentas bancarias de empresas ficticias y se utilizaron para fines no relacionados con los proyectos. Los implicados enfrentan penas de prisión de hasta diez años y multas significativas. La investigación contó con la colaboración de la Oficina Europea Antifraude (OLAF) y se llevó a cabo en varios países, incluyendo Chipre y Estados Unidos.
La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra cinco individuos en Bulgaria por un fraude de más de 6 millones de euros relacionado con maquinaria de construcción. Los acusados, parte de un grupo criminal organizado, supuestamente establecieron ocho empresas para malversar fondos de la UE destinados a mejorar la eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas. A pesar de haber adquirido 38 piezas de maquinaria, estas no se utilizaron según lo acordado y fueron parcialmente vendidas. La investigación, iniciada tras un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), incluye un caso separado de blanqueo de capitales. Si son declarados culpables, los acusados enfrentan penas significativas.
La Fiscalía Europea (EPPO) ha arrestado al presunto cabecilla de un esquema de fraude de subsidios por valor de 100 millones de euros con vínculos mafiosos en Rumanía. El sospechoso, un ciudadano italiano, fue detenido en el aeropuerto internacional Henri Coanda mientras intentaba huir del país. La investigación reveló que su grupo criminal participó en licitaciones para obtener fondos de la UE en proyectos de construcción y rehabilitación de infraestructuras hídricas, utilizando empresas italianas para presentar documentos falsos que acreditaban una capacidad financiera inexistente. La EPPO, junto con las autoridades rumanas y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), investiga este caso tras recibir denuncias sobre irregularidades graves. Todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Dos sospechosos fueron arrestados en Múnich, Alemania, en relación con una investigación de fraude fiscal por valor de 32 millones de euros que involucra la venta de teléfonos móviles. La operación fue solicitada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) y se centra en un esquema de fraude conocido como "carousel VAT", que aprovecha las reglas de transacciones transfronterizas dentro de la UE. Se alega que una empresa alemana omitió ventas en su contabilidad, permitiendo que vendedores austriacos y holandeses vendieran los dispositivos sin IVA y enviaran el dinero de vuelta a Alemania. Los detenidos, arrestados en Viena, supuestamente enviaron paquetes con 230,000 euros en efectivo cada dos semanas entre 2020 y 2023. La EPPO investiga más sobre los métodos utilizados para el retorno de los fondos fraudulentos.
Las redes sociales en ocasiones se pueden convertir en fuente de entrada para la difusión de estafas; en estos casos, los ciberdelincuentes las utilizan para ofertar artículos llamativos que no existen o para redirigir a páginas web fraudulentas. Hay que ser precavidos ante ofertas de artículos populares con grandes descuentos, ya que los estafadores suelen crear sitios falsos de comercio electrónico que desaparecen después de recaudar el dinero de sus víctimas.
Red.es -entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública- ha suspendido cautelarmente, por indicios de fraude y a requerimiento policial, la presencia del dominio de internet ayudavalencia.es.
Autoridades de Andorra en un acto de racismo y corrupción, asumieron sin pruebas que el patrimonio de los mexicanos es ilegal.
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El 28 de marzo de 2025, el Tribunal Penal Central de España condenó al administrador de una empresa por fraude al obtener subvenciones de la UE destinadas a la promoción del vino español en mercados externos. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó el caso a juicio, donde se demostró que entre 2019 y 2022 se presentaron facturas falsas por actividades promocionales que no se realizaron, sumando más de 55,000 euros en reclamaciones fraudulentas. El condenado recibió una multa y perdió el derecho a recibir ayudas públicas, además de tener que reembolsar el monto defraudado. Este caso destaca la labor de la EPPO en la protección de los intereses financieros de la Unión Europea.
Seis personas, incluyendo cuatro individuos y dos empresas, han sido acusadas de fraude agravado por subsidios y falsificación de documentos privados en Rumanía, tras una investigación del EPPO sobre un fraude de 1.73 millones de euros relacionado con proyectos de sistemas de riego financiados por la UE. La investigación reveló manipulación en el procedimiento de contratación pública y un conflicto de interés, ya que el gerente de la cooperativa beneficiada estaba casado con la representante de la empresa ganadora del contrato. Se han incautado terrenos y congelado cuentas bancarias para recuperar daños al presupuesto de la UE. Las penas pueden alcanzar hasta 10.5 años de prisión para los implicados.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha arrestado a dos personas y una institución educativa bajo sospecha de fraude de subvenciones y falsificación de documentos. La investigación se centra en un jardín de infantes que recibió más de 255,000 euros en fondos, destinados a mejorar servicios para niños. Se sospecha que los acusados presentaron informes falsos para justificar pagos y exigieron a los empleados la devolución de parte de sus salarios. Todos los implicados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Por Celeste Marcóniz, periodista
Una mujer residente en Manresa (Barcelona), estuvo a punto de caer en una estafa telefónica cuando recibió un mensaje de texto supuestamente proveniente del banco BBVA alertándola sobre un cargo de 900 euros en su cuenta. El mensaje instruía a la mujer a hacer clic en un enlace para evitar el cobro.
El entramado desarrolló un sistema para la obtención de citas previas “on line” de trámites de extranjería utilizando para ello bloqueos mediante “bots” en un servidor informático de la administración. La principal investigada falsificaba, en conveniencia con decenas de extranjeros, documentos esenciales para la obtención de residencia en territorio nacional.
La ministra de Sanidad refuerza el compromiso de España en la lucha contra el fraude y la corrupción en el sector sanitario, impulsando la participación activa en la Red Europea de Fraude y Corrupción Sanitaria.
La Delegación de CS en Bruselas pide a la Fiscalía europea investigar la existencia de posible fraude en el uso de fondos FEDER en la compra de mascarillas durante la pandemia mientras que antiguos cargos de la formación les recuerdan que miraron hacia otro lado con el PP de la Comunidad de Madrid que aprovechó lo ocurrido en Murcia para fomentar su desaparición a nivel nacional.
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