Greenpeace ha presentado un informe que demuestra que España y Portugal pueden alcanzar emisiones netas cero para 2040, diez años antes de lo estipulado por la Unión Europea. Este estudio se lanza en el contexto de la Cumbre de Santa Marta sobre el fin de los combustibles fósiles y propone un sistema energético que reduce el consumo en un 39% y se basa completamente en energías renovables. El informe destaca la importancia de la "suficiencia" y "eficiencia" energética, y estima que esta transición podría ahorrar a España 25 mil millones de euros anuales en inversiones. Greenpeace insta al Gobierno español a comprometerse firmemente con el abandono global de los combustibles fósiles y a implementar un plan que garantice una transición justa y sostenible hacia un modelo energético más limpio.
Las petroleras en la Unión Europea están generando beneficios extraordinarios de 81,4 millones de euros al día debido al aumento de los precios del combustible desde el inicio de la guerra en Irán, según un informe de Greenpeace. España, con Repsol liderando, ocupa el tercer lugar en este incremento, alcanzando 11,5 millones de euros diarios. Greenpeace denuncia que estos márgenes se han elevado considerablemente más que el costo del crudo y pide a los gobiernos europeos que implementen impuestos sobre estos beneficios para aliviar las facturas energéticas y fomentar inversiones en energías renovables. La organización también solicita mayor protección para consumidores y sectores afectados por estas prácticas abusivas.
Greenpeace ha defendido el abandono de los combustibles fósiles como la mejor estrategia para enfrentar las guerras y el cambio climático, especialmente en el contexto del conflicto en Irán. La organización destaca que las grandes petroleras han visto un aumento significativo en su valor de mercado debido a la guerra, mientras que la población civil sufre las consecuencias. En la próxima Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, Greenpeace exigirá al Gobierno un plan claro para descarbonizar la economía y promover energías renovables. Las propuestas incluyen un sistema energético 100% renovable, transporte público sostenible y un modelo agroalimentario ecológico. La dependencia de los combustibles fósiles no solo alimenta conflictos, sino que también agrava la crisis climática y económica global.
Greenpeace ha alertado sobre el riesgo de que el plan del Parlamento Europeo para abordar la crisis de la vivienda beneficie a promotores inmobiliarios y especuladores, comprometiendo la calidad de las viviendas y la protección ambiental. A pesar de avances en financiación para vivienda asequible y restricciones a alquileres turísticos, se han rechazado propuestas que consagran la vivienda como un derecho humano. Greenpeace exige que la UE priorice viviendas dignas y accesibles, así como una mejora en la eficiencia energética para reducir las facturas energéticas de los hogares. La organización también aboga por un despliegue de energías renovables en sistemas de calefacción para combatir el uso de combustibles fósiles.
Greenpeace ha publicado una investigación que revela que más de 68 petroleros varados en el estrecho de Ormuz transportan al menos 16.000 millones de litros de petróleo, lo que representa un grave riesgo ecológico y aumenta la inestabilidad en la región. Desde el inicio del conflicto en la zona, varios barcos han sido atacados, incluyendo un petrolero cerca de Kuwait. La organización advierte que un posible derrame de petróleo podría devastar los ecosistemas sensibles del Golfo Pérsico, que son vitales para numerosas especies marinas. Greenpeace hace un llamado a cesar la violencia militar y promover soluciones diplomáticas, subrayando la necesidad urgente de una transición hacia energías renovables para mitigar los efectos del cambio climático y fomentar la paz.
Greenpeace ha alertado sobre los peligros de los recipientes de plástico etiquetados como "apto para microondas", que pueden liberar cientos de miles de micro y nanoplásticos, así como sustancias químicas tóxicas en los alimentos. Un informe de la organización destaca que el calentamiento en microondas incrementa la contaminación química y que más de 4.200 sustancias peligrosas están presentes en los plásticos utilizados para envases alimentarios. Estas sustancias están asociadas con graves problemas de salud, incluyendo cáncer y trastornos hormonales. Greenpeace insta a los gobiernos a actuar con urgencia para regular esta situación y proteger la salud pública, advirtiendo que las etiquetas engañosas proporcionan una falsa sensación de seguridad a los consumidores. La producción de platos preparados envasados está en aumento, lo que agrava la crisis del plástico y sus efectos nocivos en la salud humana.
Las principales organizaciones ambientales de España, incluyendo Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han solicitado a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, que no modifique la Directiva Marco del Agua. Estas entidades expresan su preocupación por la desregularización y la falta de financiación que afectan la protección de la biodiversidad. Alertan que cualquier cambio en esta directiva podría debilitar los mecanismos de control sobre los recursos hídricos y aumentar el riesgo de contaminación y sobreexplotación. Además, critican las iniciativas legislativas conocidas como "ómnibus" que podrían reducir los estándares ambientales y piden un financiamiento estable para el programa LIFE, crucial para proyectos de conservación. Las organizaciones enfatizan la necesidad de fortalecer las regulaciones ambientales para asegurar una transición ecológica efectiva.
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Greenpeace ha lanzado un mapa interactivo que revela la calidad del agua en los municipios de España, destacando que 332 localidades superan el límite legal de nitratos y 2.860 exceden el umbral recomendado por la ciencia para proteger la salud. Este recurso permite a los ciudadanos consultar la concentración de nitratos en su agua potable, evidenciando que más del 51% de los municipios analizados presentan niveles preocupantes. La contaminación se atribuye principalmente al uso intensivo de fertilizantes y a las macrogranjas. Greenpeace insta a la ciudadanía a actuar contra este problema y ha recogido más de medio millón de firmas para cerrar estas instalaciones perjudiciales.
Greenpeace advierte que hasta un tercio de las delegaciones gubernamentales en reuniones clave sobre la protección de los océanos están compuestas por representantes de la industria pesquera, lo que amenaza la conservación marina. Durante las negociaciones en la ONU, se ha evidenciado que estos intereses priorizan sus beneficios sobre la sostenibilidad oceánica. Greenpeace insta al Gobierno español a rechazar propuestas que debiliten el Tratado Global de los Océanos y pide medidas urgentes para limitar la influencia del lobby pesquero, asegurando así el cumplimiento del objetivo de proteger el 30% del océano en los próximos años.
Más de 50 organizaciones ecologistas, vecinales, sindicales y sociales han exigido al Gobierno de España el cumplimiento del calendario de cierre nuclear acordado para la central de Almaraz. Según este plan, los reactores I y II deberían cerrarse en 2027 y 2028. Las entidades advierten que prorrogar su funcionamiento hasta 2030 costaría a la ciudadanía más de 3.800 millones de euros y pondría en riesgo inversiones por 26.129 millones en energías renovables. El manifiesto destaca la necesidad de transitar hacia fuentes de energía renovables y critica la gestión actual de residuos radiactivos, instando al cierre definitivo de las nucleares en la península ibérica para 2035.
Greenpeace ha desplegado una pancarta gigante en la Puerta del Sol de Madrid con el mensaje "NO A LA GUERRA", reclamando el fin inmediato de las hostilidades actuales en Oriente Medio. La organización denuncia la escalada militar tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que han causado miles de víctimas civiles y daños a infraestructuras. Greenpeace aboga por el respeto al derecho internacional y un retorno a la diplomacia, advirtiendo que las guerras no solo afectan a las personas, sino que también devastan el medio ambiente. La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, enfatiza la necesidad urgente de elegir la paz y rechazar la lógica del militarismo.
Greenpeace ha publicado un informe que alerta sobre el impacto de los "fondos buitre" en la agricultura española, destacando cómo estos fondos de inversión y grandes corporaciones están transformando el campo hacia modelos superintensivos que generan desigualdad y amenazan la sostenibilidad. El informe señala que la concentración de recursos hídricos y subvenciones públicas favorece a una minoría poderosa, mientras que los agricultores tradicionales sufren las consecuencias. Greenpeace exige la exclusión de estos fondos de las ayudas de la PAC, un reparto equitativo del agua y una regulación del mercado de la tierra para proteger la agricultura familiar y social.
Greenpeace celebra el archivo del proyecto industrial de Altri en Palas de Rei, anunciado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. La organización ecologista exige a Altri que renuncie oficialmente a su plan, considerado perjudicial para el medio ambiente. Este archivo se debe a la falta de conexión eléctrica necesaria para el proyecto, lo que ha llevado a Greenpeace a reafirmar su compromiso de vigilar y presionar para que se descarte definitivamente. La movilización social ha sido clave en esta victoria, destacando la importancia de proteger los ecosistemas frente a intereses empresariales que amenazan la biodiversidad y el futuro del planeta.
El Foro Social Más Allá del Crecimiento ha reunido a más de 700 personas y 124 organizaciones para establecer una hoja de ruta hacia una transición ecosocial justa, que se opone al modelo capitalista de crecimiento infinito. Durante el evento, que tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Madrid, se discutieron los 11 Pactos Ecosociales que abordan áreas críticas como energía, alimentación, vivienda y democracia. Activistas destacados, como Ada Colau y Fernando Valladares, participaron en diálogos sobre estrategias para un movimiento social y político que priorice la vida y el bienestar colectivo. El foro busca construir un programa común que promueva un decrecimiento planificado y solidario, enfrentando desafíos contemporáneos como el colapso ecológico y las desigualdades sociales.
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