isabel diaz ayuso

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha minimizado el impacto del discurso del rey Felipe VI en la ONU sobre el genocidio en Gaza, afirmando que "el rey reina, pero no gobierna". En una entrevista, defendió que el monarca debería adoptar una postura de conciliación y criticó al gobierno de Pedro Sánchez por forzar a las instituciones a tomar partido en un conflicto complejo. Ayuso reiteró su rechazo a calificar las acciones israelíes como genocidio, argumentando que tal decisión corresponde a tribunales internacionales y sugiriendo que otros países árabes no han tomado una posición clara.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha decidido abrir juicio oral contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, por varios delitos, incluyendo fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. González Amador está acusado de defraudar 350.951 euros entre 2020 y 2021 mediante un entramado de facturas falsas, junto a otros cuatro empresarios. La Fiscalía solicita una pena de tres años y nueve meses de prisión, mientras que la acusación popular pide cinco años. La magistrada ha rechazado suspender el procedimiento hasta que se resuelvan los recursos interpuestos por el acusado.

La controversia en torno a las pulseras antimaltrato ha generado una fuerte reacción política, especialmente entre el Partido Popular y Vox. Ambos partidos han criticado al Ministerio de Igualdad, exigiendo la dimisión de la ministra Ana Redondo por lo que consideran fallos en estos dispositivos, que según ellos ponen en riesgo a las mujeres frente a sus maltratadores. Vox ha ido más allá al afirmar sin pruebas que una mujer fue asesinada debido a un fallo en el sistema de alertas de estas pulseras. Desde el Gobierno, se rechazan estas acusaciones, argumentando que provienen de quienes niegan la violencia machista. La situación refleja un clima político tenso y polarizado sobre la cuestión de la violencia de género en España.

El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha solicitado al Tribunal Supremo que se eleve la fianza del fiscal general Álvaro García Ortiz a 300.000 euros por supuestos "daños morales". Esta petición surge tras la decisión del juez Ángel Hurtado de fijar la fianza en 150.000 euros por un presunto delito de revelación de secretos, lo que ha generado controversia y críticas por considerarse desproporcionado e incluso inconstitucional. La defensa argumenta que comentarios de varios políticos han afectado negativamente a González Amador, quien ya había visto rechazada una demanda similar contra la ministra de Hacienda. La situación refleja tensiones políticas y legales en torno a este caso.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha solicitado la expulsión del equipo israelí Israel-Premier Tech de La Vuelta debido a las protestas por el conflicto en Gaza y el apoyo del propietario del equipo, Sylvan Adams, al gobierno israelí. Aunque Albares apoya las demandas de expulsión, aclara que la decisión no es competencia del Gobierno español. Las declaraciones se producen tras un incidente durante una etapa en Bilbao, donde se llevaron a cabo manifestaciones en contra de la masacre en Gaza. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el lehendakari Imanol Pradales también han expresado su preocupación por la seguridad durante estas protestas. Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha criticado a los manifestantes propalestinos, acusándolos de antisemitismo.

El PSOE y Más Madrid han solicitado cinco años de cárcel para Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en un caso de fraude fiscal. Ambos partidos, que actúan como acusación popular, le imputan delitos de organización criminal, contabilidad fraudulenta y falsedad documental. Además, piden la declaración de dos directivos del Grupo Quirón relacionados con las investigaciones. La pena solicitada por los partidos es superior a la que ha propuesto la Fiscalía y la Abogacía del Estado. González Amador enfrenta un proceso judicial tras ser acusado de defraudar a Hacienda más de 350.000 euros mediante facturas falsas.

La Fiscalía ha solicitado una pena de tres años y nueve meses de prisión para Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. La acusación se basa en un presunto fraude de 350.910 euros relacionado con el Impuesto de Sociedades durante los ejercicios 2020 y 2021. La jueza Inmaculada Iglesias ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado tras una inspección de Hacienda que reveló irregularidades. Además, González Amador enfrenta otra investigación por administración desleal y corrupción en los negocios. A pesar de las implicaciones legales, el PP defiende que estos problemas son ajenos a Ayuso.

La jueza ha decidido llevar a juicio a Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por seis delitos que incluyen fraude fiscal y falsedad documental. La investigación apunta a un supuesto fraude de 350.000 euros a través de facturas falsas. A pesar de esto, Ayuso sostiene que se trata de un complot político en su contra, insistiendo en que su pareja es inocente y que la situación es parte de una "cacería política". La defensa de Ayuso se basa en la idea de que el Gobierno está utilizando herramientas del Estado para atacarla personalmente.

La jueza Carmen Rodríguez Medel ha decidido no suspender la causa contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal. La magistrada considera que no hay motivos para retrasar el proceso mientras se espera la decisión sobre un recurso del fiscal general del Estado. González Amador está acusado de defraudar 350.951 euros entre 2020 y 2021 mediante un entramado de facturas falsas y también enfrenta investigaciones por presunta corrupción en sus negocios con Quirón Prevención.

Una manifestación estudiantil en la Universidad de Alcalá de Henares recibió a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso con gritos de "Israel asesina, Ayuso patrocina". Los manifestantes, alrededor de 200, exigieron una mayor financiación para la educación pública y denunciaron el conflicto en Palestina. La protesta, convocada por UGT, incluyó consignas como "Que viva la lucha del pueblo palestino" y críticas hacia Ayuso por su postura sobre el conflicto. La situación se complicó con fuertes medidas de seguridad y acusaciones entre el Gobierno regional y la Delegación del Gobierno sobre la autorización de la manifestación.

Un incendio forestal ha estallado en Nuevo Tres Cantos, Comunidad de Madrid, provocando el desalojo de varias urbanizaciones y la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). La situación se ha elevado a nivel 2 de emergencia debido a la rápida propagación del fuego, exacerbada por fuertes vientos. Un hombre ha sido trasladado en helicóptero al Hospital La Paz con quemaduras en el 98% de su cuerpo, mientras que otro vecino de 83 años ha requerido atención médica por dolores torácicos. Las autoridades han recomendado a los residentes cercanos cerrar puertas y ventanas debido a la densa humareda. La Comunidad de Madrid ha declarado una Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, pasó un fin de semana en un chalé con piscina propiedad del Canal Isabel II, en Rascafría. Este inmueble fue adquirido por el Gobierno regional en 2023 y cuenta con 355 metros cuadrados construidos. Ayuso tiene previsto presidir un acto de la empresa pública de aguas este lunes. A pesar de las críticas a los "palacios" del presidente Pedro Sánchez, Ayuso defiende su uso del chalé, subrayando que no contó con servicio de camareros ni cocina durante su estancia.

El Partido Popular (PP) se acerca cada vez más a Vox, mientras su líder Alberto Núñez Feijóo promete gobernar sin la ultraderecha. Durante el reciente Congreso Nacional del PP, Feijóo y su nuevo número dos, Miguel Tellado, afirmaron que no quieren una coalición con Vox, aunque sus propuestas reflejan un alineamiento con las políticas de la formación ultra, especialmente en temas migratorios. La portavoz parlamentaria Esther Muñoz dejó abierta la posibilidad de una futura coalición dependiendo de los resultados electorales. Este movimiento del PP hacia la derecha incluye críticas contundentes al Gobierno de Pedro Sánchez y un discurso que recuerda a las posturas de Vox sobre inmigración y "tiranía".